Por enésima vez, jefes de bloque dicen estar comprometidos con la transparencia


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A la par de un cabildeo por la modernización fiscal, el presidente Otto Pérez Molina promovió entre grupos de la sociedad civil, representantes de partidos políticos y medios de comunicación una propuesta de reforma legislativa en materia de transparencia y calidad de gasto, para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos. Los jefes de los principales bloques legislativos del Congreso consideran que la iniciativa del mandatario debe iniciar por el lado “transparente”-priorizar el combate al enriquecimiento ilícito y regular los fideicomisos- para luego poner el tema fiscal sobre la mesa.

ENMA REYES
ereyes@lahora.com.gt

El diálogo fiscal, además de modificar las tasas impositivas, trae consigo un importante compromiso político para manejar adecuadamente los recursos públicos y acertar un golpe a la corrupción, y ese es precisamente uno de los puntos más candentes de discusión dentro del hemiciclo parlamentario.

En un encuentro privado en la Casa Presidencial, semanas atrás, Pérez Molina propuso a los representantes de los partidos políticos desarrollar diez iniciativas anticorrupción junto a su propuesta de reforma fiscal, y ahora son los congresistas quienes piden al mandatario que se priorice la aprobación de esas leyes por la transparencia sobre el tema impositivo. (Lea: Paquete Anticorrupción).

Como una garantía, pero también como un compromiso, los jefes de los bloques políticos creen que se debe condicionar la modernización tributaria con un marco legal que dé confianza a la población a través del fortalecimiento de las finanzas del Estado.

ES UNA CONDICIÓN

Nineth Montenegro, secretaria General de Encuentro por Guatemala (EG), indica que la aprobación de las leyes anticorrupción es una condición previa para avalar la propuesta de modernización tributaria.

En el Congreso de la República, la legisladora destacó la importancia de crear un marco legal por la transparencia, en el que necesariamente se tiene que incluir  la ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, para castigar la corrupción tanto en el sector público como el privado.

“Si ya se han aprobado leyes de urgencia nacional, por qué no se podría aprobar la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito y otras leyes vinculadas con la transparencia que no se han querido conocer en el Congreso”, refiere Montenegro.

 “Sin eso no debiera haber una reforma porque no hay seguridad y certeza de que el dinero va a utilizarse bien”, acertó.

José Alejandro Arévalo, único miembro de la bancada del Partido Unionista, por su parte, señala que la discusión de las iniciativas anticorrupción ya se realizó junto  a la diputada Montenegro, y se identificó la necesidad de esa legislación.

“Se sabe que si se trabaja simultáneamente a la aprobación de la recaudación tributaria, se deben tener controles que acrediten la calidad del gasto y eso implica modificar las siete leyes que ha hecho el gobierno y se debe priorizar en eso”, apuntó.

PRIORIDADES

Debido a que la discusión de las diez iniciativas en materia de transparencia supondría un intenso y extenso diálogo, los jefes de bloque consideran que se debe priorizar la creación de la ley Contra el Enriquecimiento Ilícito (LCEI) y la ley de Fideicomisos.

Manuel Barquín, de la Gran Alianza Nacional (Gana) indica que su bancada no tiene “inconveniente” en apoyar esas iniciativas de ley, consideradas como prioritarias.

“(La ley de) fideicomisos apunta al sistema de la transparencia, mejorar control en el manejo de los recursos del Estado y (la ley contra) el Enriquecimiento Ilícito sirve para fortalecer el sistema de justicia, la cual se convierte en la parte coercitiva para aquellos que piensen en el aprovechamiento”, explica.

“Nosotros no hacemos las condiciones en la aprobación de estas leyes, sino en la recomendación que lo hagamos integral”, señala el diputado de la Gana.

Mientras tanto, Luis Fernando Pérez, jefe de bancada del Frente Republicano Guatemalteco, indica estar a favor de que la transparencia se extienda hasta lo más profundo de los funcionarios públicos.

“Apoyo las iniciativas porque son importantes para la transparencia de la gestión pública. La Ley de Fideicomisos es fundamental. Yo tengo una iniciativa que estoy preparando sobre fideicomisos, porque considero que estos no son fiscalizables, no  los controla nadie y a través de ellos hacen cosas totalmente fuera del margen de la ley”.

El jefe de bancada eferregista reiteró que los fideicomisos deben ser regulados y que se tenga una manera de rendir cuentas, mientras que Jorge de León, diputado de la bancada Compromiso Renovación y Orden, enfatiza en la necesidad de castigar el enriquecimiento ilícito.

“Es inaudito que no hay una ley que castigue a los funcionarios que se hacen ricos a expensas de los recursos del Estado. Tenemos que dar a conocer que estamos sometidos a la ley  y con mayor razón un funcionario público debe recibir el peso de la ley, asimismo aumentar la pena porque tiene una responsabilidad mayor” señaló- de León.

ES NECESARIO

Mario Taracena, jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) dice que no conoce a profundidad las reformas que se realizarían a las leyes de transparencia que se contemplan dentro del paquete de reforma fiscal.

Sin embargo, asegura que apoyarían la transparencia: “Nosotros apoyamos al ciento por ciento la propuesta presentada por el Presidente”.

Por otro lado, Roberto Alejos, líder del Bloque Independiente, señala que “hay una serie de leyes relacionadas con transparencia y fiscalización que nosotros hemos venido impulsando siempre”, pero hasta ahora no han contado con un sólido respaldo en el pleno del Legislativo.

“La Ley del Enriquecimiento Ilícito ya se encuentra en tercera lectura y la de Fideicomisos hay una iniciativa firmada por mí, lo que más nos interesa es darle las herramientas a la población para fiscalizar” reiteró Alejos.

Leonel Soto Arango, jefe de bancada de la Unión  del Cambio Nacional considera que la Reforma Fiscal es un mal necesario. “Estamos dando una señal que es obligada a la comunidad internacional que los guatemaltecos estamos haciendo nuestros esfuerzos para que nos brinde mayor cooperación. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que esas leyes (de transparencia) sean aprobadas”.

Según Arango, su bancada estaría aprobando esa iniciativa tomando tres aspectos fundamentales: que modernice la recaudación de impuestos, el combate al contrabando y la transparencia en el uso de los recursos y la racionalidad del gasto.

Este es el momento oportuno, acaban de tomar posición las nuevas autoridades y este es un momento en que la población tiene confianza y está dando el derecho de la duda a sus autoridades y al Congreso. Es el momento oportuno para hacer una reforma fiscal, que en la medida que demoremos el proceso de aprobación, estaríamos contribuyendo en que no se concretizara en los días venideros”, apunta Arango.

Representantes de las bancadas de Lider, Visión con Valores, Winaq-ANN y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca no respondieron sobre su posición en el tema.

DIÁLOGO

Gudy Rivera, del oficialista Partido Patriota y presidente del Congreso de la República, ya había señalado que la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito se encuentra en su tercer debate dentro de la Junta Directiva, mientras tanto la Ley de Fideicomisos Públicos permanece en su primer debate.

Rivera indica que “nosotros como Junta Directiva le hacemos la propuesta a jefes de bloque y estos señalan cuáles serán las leyes a priorizar dentro de la sesiones plenarias”.

El abanderado del Patriota reconoce que el diálogo será fundamental para que tanto el tema fiscal como el de la transparencia avancen en el Congreso, y se dé paso a una reforma fiscal, a la que se considera como uno de los más grandes retos del Gobierno.

PROPUESTA
PAQUETE ANTICORRUPCIÓN


Valentín Gramajo, jefe de bancada del Partido Patriota, indicó que su bancada se estaría reuniendo con las diferentes bancadas y con los grupos sociales para explicar a profundidad la reforma en materia de transparencia que se propone junto a la reforma fiscal.

“Se trata de buscar consensos dentro del Congreso, se trata de que todos contribuyamos a lo que va a fortalecer el sistema económico de Guatemala”, señaló Gramajo.

Hasta el momento, el Ejecutivo presentó un documento a grupos de la sociedad civil, representantes de partidos políticos y medios de comunicación que propone la modificación de siete leyes, para mejorar los controles sobre el ejercicio de las funciones de servidores públicos y el uso de los recursos estatales, y la creación de tres nuevas leyes.

Nuevas leyes:
•Ley de Fideicomisos públicos
•Ley de enriquecimiento ilícito
•Ley del sistema nacional de planificación y evaluación de la gestión pública.

Modificación de leyes:
•Ley del Organismo Ejecutivo
•Ley orgánica del Presupuesto
•Ley de probidad
•Ley de la Oficina Nacional de Servicio Civil
•Ley de compras y contrataciones del Estado
•Ley de la Contraloría General de Cuentas
•Ley del INE y sistema estadístico nacional

“Si ya se han aprobado leyes de urgencia nacional, por qué no se podría aprobar la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito y otras leyes vinculadas con la transparencia que no se han querido conocer en el Congreso”.
Nineth Montenegro
Encuentro por Guatemala