La mañana de ayer fuimos sorprendidos. La acción policial emanada de la resolución judicial emprendida en la jurisdicción municipal de Jutiapa, fue inesperada y todo apunta a que la misma fue correcta. El autor intelectual que indujo a las personas integrantes del concejo a suscribir un documento que al parecer implica falsedad material e ideológica, jamás concibió que su impune acto fuera a ser cortado de un tajo. Es una señal alentadora. Las acciones previas con el decomiso de los libros de la administración municipal para dilucidar ese peculiar nombramiento de la autoridad local de aquella jurisdicción, no constituyen una violación a la autonomía municipal. Son acciones que van por el cese de la impunidad y que son potestad de las autoridades respectivas.
Ayer nos encontrábamos en el programa matutino de «Radio Punto», el Director Nacional del RENAP, los entrevistadores de la radio, nuestro comunicador social y yo en mi condición de Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, conversando sobre el futuro inmediato de ese complejo proceso que implica la sustitución de la cédula de vecindad por el denominado Documento de Identidad Personal, con el que habremos de contar en breve cuando las condiciones alrededor del Decreto Número 90-2005, que contiene la Ley del Registro Nacional de las Personas, RENAP, estén plenamente dadas para ser aplicado. De pronto en cabina se anuncia un avance noticioso.
«El despliegue policial es impresionante… La comunidad jutiapaneca no había visto tal cantidad de agentes y la realización de tantas capturas de manera simultánea? Los integrantes del Concejo están siendo detenidos? Se anuncia que serán trasladados a la capital con fuertes medidas de seguridad?» Son parte de los segmentos que recuerdo más instantáneamente, de aquel traslado inmediato que se produce en dicho programa. Y entonces la pregunta inmediata. ¿Qué pasará con la administración edil de aquella jurisdicción? Nuestra primera reacción fue de sorpresa. Si es a la totalidad del Concejo el tema es complejo. Se está anulando el gobierno municipal. Se debieron haber hecho otras acciones previas como establecer un estado de excepción aplicable a esa jurisdicción municipal, sugerimos? Sin embargo, minutos más tarde nos enteramos de otros detalles.
Las órdenes de captura lo fueron de manera individualizada. Esa corporación en forma ideal está integrada por 18 personas entre Alcalde (hoy prófugo), tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes, también por concejales titulares del primero al décimo y cuatro concejales suplentes. Total 18 personas. Las 17 personas que sí asistieron el pasado 15 de enero a la toma de posesión de sus cargos estaban desde entonces facultadas para ejercer los cargos para los que fueron electos el 9 de septiembre del año pasado. La ley prevé que en ausencia del titular le habrá de sustituir el suplente que corresponda. De hecho la Corporación Municipal de aquella jurisdicción tiene garantizada, con su complejidad natural la administración de su gobierno local. No hay violación a la autonomía municipal, es nuestra primera y modesta conclusión.
La suscripción de los actos de la administración pública tiene que quedar registrados en libros o folios previamente autorizados para el efecto. Esta acreditación la realiza la Contraloría General. Aparentemente el acto inducido por el autor intelectual a algunos de los integrantes de esta Corporación Municipal implica encubrimiento y falsedad material e ideológica, entre otros delitos. El alcalde prófugo desde hace varias semanas tiene serios cuestionamientos alrededor de ese oprobioso y aún misterioso crimen de los diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano. De hecho la supuesta asunción como autoridad edil y posterior solicitud de permiso para ausentarse se efectúa, según dijeron, el 19 de febrero de este año. Justo al año de aquella masacre. Una simbólica burla que acentúa el sabor a impunidad de esa acción hoy sujeta a la persecución penal.
Una luz para asumir que no se apañaran aquellos actos que huelen a fraudulentos y que son factibles de cometer por la reinante impunidad que prevalece en nuestro país. Un alentador mensaje. Ojalá que ahora el Ministerio Público tenga los elementos para que esto no quede como parte de un espectáculo cuya segunda parte sea salir «con la cola entre las patas» por falta de pruebas.