Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, dijo que el lunes próximo quiere confirmar la falta de fiscalización y la calidad del gasto de Q1 mil 500 millones utilizados por el gobierno en los programas del proyecto Cohesión Social.

O bien aceptar que está o ha estado equivocada con las dudas surgidas desde el inicio cuando se dio a la tarea de fiscalizar cada centavo invertido en la supuesta totalidad de los beneficiarios que se anuncian.

Los extremos se van a clarificar con la llegada de Carlos Mencos, Contralor General de Cuentas quien deberá traer los datos que fueron entregados a esa entidad y por las actividades del Contralor del Gasto que trabaja en la Contralorí­a, indicó Montenegro.

Según Montenegro, luego de la confusión que se creó y las consultas necesarias de ella y del mismo gobierno de la República, el tema atravesó una trayectoria y llegó hasta la decisión de la Corte de Constitucionalidad.

La opinión de la C.C. fue que no se podí­a proporcionar información confidencial a los que no podí­an tener acceso cualquier persona a excepción de los órganos contralores fiscalizadores, recordó.

Desde allí­ se ha dicho que la CGC es la que tiene los datos, dijo Montenegro, quien agregó: «Yo quiero probar que ni el Contralor tiene esos datos», sentenció la diputada.