El ministro de Gobernación (Mingob), Mauricio López Bonilla, dijo recientemente que en un mes podrían decidir cuál será el esquema para arrendar los bloqueadores de llamadas para los centros carcelarios, mientras se soluciona el litigio con la empresa Alta Comunicación. El funcionario agregó que el arrendamiento podría llevar un proceso más corto que la licitación.

“Acabamos de hacer unas pruebas de campo para salir con un arrendamiento que es un proceso mucho más corto que una licitación, para que participen las empresas que creen que pueden proveernos el servicio de bloqueo de señales en todos los centros de detención del país”, dijo el funcionario.

López Bonilla explicó que realizan un análisis de lo que necesitan para solicitar el alquiler de los bloqueadores de señal de celulares; las empresas telefónicas podrían participar en este proyecto.

El Ministro fue consultado sobre el costo de esta inversión, pero indicó que como aún está en análisis, no se puede determinar a cuánto asciende.

El titular de la Cartera del Interior admitió que las extorsiones continúan planificándose desde la cárcel, las cuales se realizan desde dos vías: por parte de familiares y abogados de privados de libertad y por el uso de teléfonos celulares.

“Por eso hicimos algunas pruebas de campo, para que una empresa nos garantice –no es que nosotros vamos a implementar los bloqueos- el trabajo.  Si nosotros mismos operamos nuestros equipos tenemos una ventana abierta a la corrupción”, indicó el entrevistado.

SIN SOLUCIÓN
Mientras el problema se solventa con paliativos, la demanda en contra de la empresa que inicialmente habría implementado el servicio de bloqueo de señal no presenta ninguna solución.

El propio Ministro, dijo que ese proceso está en impasse “ahí tenemos que solventar un litigio con la empresa que instaló hace siete años aproximadamente“, reiteró.

La situación no ha cambiado desde hace varios años, diferentes ministros no han logrado resolver este problema.

PROBLEMAS ESTRUCTURALES
Gary Estrada, coordinador del Programa de Personas Privadas de Libertad, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), indica que los bloqueadores no son la herramienta adecuada para solventar los problemas de los centros carcelarios, pues los males del Sistema Penitenciario (SP) son más estructurales e históricos.
El profesional dijo que debería invertirse en programas de reinserción y rehabilitación de los detenidos y fundamentalmente dividir a quienes están de forma preventiva y condenada.