Al menos, ¿se nos permite hablar de derechos? En nuestro país la mercantilización de todo cuanto es necesario para la vivencia del ser humano ha llegado a límites extremos. Con sequía o sin ella, cada año miles de personas deben enfrentarse al hambre como consecuencia de los malos resultados de las cosechas de granos básicos.
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La agenda mediática se ha volcado nuevamente hacia la región denominada «Corredor Seco» y las fotografías e imágenes de periódicos y telenoticieros testifican lo que familias enteras viven cotidianamente sin importar la presencia de los reporteros: desnutrición crónica hasta llegar a la muerte.
¿Acaso no es contradictorio? Guatemala es un país eminentemente agrario y no está de más decir que sus tierras son fértiles con capacidad suficiente para producir alimentos para todos sus habitantes. Sin embargo, la estructura agraria, rezago de la época colonial y liberal, y dispuesta a los intereses de la agroexportación, condena a la mayoría de población a la pobreza y pobreza extrema.
Si bien las condiciones climáticas empeoradas por el fenómeno de «El Niño» han provocado esta nueva crisis alimentaria, agravada por la tardía e ineficiente respuesta del actual Gobierno -que tanto ha prometido el desarrollo rural-, no podemos obviar que los intereses acumulativos del sector agroexportador es también responsable que una buena parte de las y los guatemaltecos (1.8 millones según USAID) se encuentren en situación de inseguridad alimentaria y nutricional, es decir, con escasas o nulas posibilidades de consumir alimentos. ¿Cómo se beneficiaron todas estas familias pobres con los US$282 millones que entraron al país en concepto de divisas por la exportación de azúcar?
Recordemos, por ejemplo, cuando en los primeros meses de su administración el actual Gobierno decidió accionar la Ley Obligatoria y de Fomento para el Cultivo de Granos Básicos. A pesar de contar con una imposibilidad institucional para operar, la normativa fue rechazada contundentemente por los empresarios del agro, quienes mostraron su descontento por la obligación de sembrar granos básicos en una pequeña porción de sus grandes extensiones de tierra. Estas personas, dueñas de la mayor parte de las tierras productivas del país, demostraron en esa oportunidad que la prioridad no es la vida de sus compatriotas, sino el respeto por la propiedad privada.
El Estado es el encargado de garantizar el derecho a la alimentación, sin embargo, respondiendo a los intereses de una minoría privilegiada, históricamente ha apoyado el proceso de acumulación de la tierra, y hasta el momento no se han implementado políticas que favorezcan a las y los campesinos.
Por el momento, es necesario destinar los recursos suficientes para paliar la crisis alimentaria y evitar que más personas sigan muriendo por desnutrición. Pero debemos ir más allá. Como lo han planteado diversas organizaciones campesinas, es importante garantizar el acceso a la tierra a través de arrendamientos solidarios por medio del Estado e implementar, de manera urgente, la Política Nacional de Desarrollo Rural.