Con tanta bulla relativa a las elecciones, la población guatemalteca ha dejado por un lado la consideración de los dos grandes problemas nacionales que involucran a personajes políticos y militares en la «sujeción» de la soberanía nacional de Guatemala sobre intereses privados de empresas transnacionales y de Gran Bretaña.
En el primer caso, el de Belice, recordamos la forma en que el gobernante guatemalteco general del ejército FERNANDO ROMEO LUCAS GARCíA y su ministro de Relaciones exteriores el ingeniero MANUEL CASTILLO VALDí‰S (padre de un candidato oficial a diputado por la Gana), transaron las mal recordadas «Bases de entendimiento» con Belice y Gran Bretaña y fue el primer paso en que Guatemala cedió gran parte de sus pretensiones de recuperación total del territorio detentado.
Después, para terminar con ese acto de entreguismo, el gobernante JORGE ANTONIO SERRANO ELíAS (actualmente prófugo en Panamá) y su ministro de Relaciones Exteriores íLVARO ARZíš IRIGOYEN (actual alcalde de la ciudad de Guatemala) FIRMARON EL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE BELICE COMO PAíS INDEPENDIENTE nombrando incluso como embajador de Guatemala en Belice al comerciante RICARDO BUESO, quien a su vez «compró» GUATEL para luego «venderla» al imperio económico del señor Carlos Slim.
Contra esta última acción gubernamental, presentamos una denuncia de TRAICIí“N A LA PATRIA ante el Ministerio Público los licenciados Alfonso Ordóñez Fétzer, Hugo Fernando Figueroa y yo; de la misma, no obtuvimos respuesta alguna aunque inquirimos muchas veces; la misma «se perdió» y no apareció jamás.
En el caso de FERROVíAS, también intervino el señor íLVARO ARZíš cuando ejerció el cargo de Presidente de la República de Guatemala; otorgó en CONCESIí“N POR CINCUENTA Aí‘OS la infraestructura ferroviaria y bienes de FEGUA a una empresa comercial transnacional de origen canadiense; en cuyo contrato Guatemala se «sometió» a las reglas del arbitraje internacional en caso de discrepancia o problema que surgiera.
Se dice vox populi que en esta concesión, se materializó la otra «entrega» de soberanía al imperio de la ley extranjera; lo que no se sabe es ¿Con qué cantidad de dinero se les premió a los funcionarios guatemaltecos que firmaron la cesión de soberanía nacional?, además, que el ex canciller Castillo Valdés fue motivado por su esposa de nacionalidad inglesa para que convenciera al presidente Lucas a firmar las bases de entendimiento; y que en el caso del reconocimiento firmado por Serrano y Arzú, corrió mucho dinero. Esos señalamientos, sólo ellos podrán saberlos o en su caso, se lo llevaron a su tumba.
El daño está hecho; y hoy Guatemala lamenta que sus propios funcionarios, en quienes depositó su confianza, hayan actuado de tal forma, la Historia los juzgará, lástima que no haya valor civil hoy para enjuiciarlos y condenarlos de por vida.