Es increíble que un gobierno que tiene cientos de asesores, abogados, expertos en manejo de crisis y en propaganda, haya incurrido en el garrafal error de acudir a la justicia ordinaria en el ramo penal para contener ataques periodísticos en vez de fortalecer el Estado de Derecho recurriendo a los procedimientos que establece la ley en la materia, puesto que cualquier atisbo de razón que pudiera haber tenido en sus reclamos, queda por completo anulado porque al escoger el camino equivocado cae en el plano no sólo de la ignorancia jurídica, sino de la prepotencia que hace falta para lograr que jueces venales se presten a tramitar denuncias que tendrían que ser canalizadas de acuerdo con la ley que regula el ejercicio de la libre expresión.

El éxito o el fracaso político es al final de cuentas resultado de las percepciones de la opinión pública y en el caso presente no cabe la menor duda que el Gobierno de Guatemala ha perdido, de entrada, la batalla porque nacional e internacionalmente será catalogado como un régimen opresor de la libertad de expresión por no haber enmarcado sus actuaciones en lo que la ley de la materia establece. En Guatemala, para bien del ejercicio de los derechos, está consagrado que no se incurre en calumnia o injuria atacando a un funcionario público por cuestiones relacionadas con el ejercicio de su cargo y los funcionarios tienen derecho a que un Tribunal de Honor declare si son ciertos o infundados tales ataques.
 
 El Gobierno buscó un atajo para silenciar la crítica, enderezando acciones penales en vez de sujetarse a lo que la ley específica establece y eso le pasará una enorme factura en Guatemala y en el extranjero. Ya las entidades de prensa y de derechos humanos en el mundo están pronunciándose sobre los juicios penales emprendidos y nadie analizará si existieron o no delitos de chantaje o extorsión, sino que se verá únicamente el afán por silenciar opiniones críticas que han denunciado actos de corrupción.
 
 Todos esos asesores y expertos tendrían que haber aconsejado un manejo político de la situación en vez de acrecentar los hepáticos impulsos que pueden entenderse, pero que en un político con la responsabilidad de dirigir los destinos de un pueblo no se pueden justificar de ninguna manera.
 
 Estamos viendo y comprobando la ausencia de verdaderos políticos dispuestos a ganar batallas de opinión pública. Más fácil el atajo que aconsejan los asesores, aunque al final labren así su propia estaca.

Minutero:
Siempre olvida el funcionario 
que su poder es pasajero; 
no recuerdan que, ya mero, 
dejarán el escenario