El gobierno de la Gana, tanto a través de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia como de cada uno de los ministerios y dependencias del Estado es el que más ha pautado en publicidad. Este inmenso gasto en elevar la imagen de í“scar Berger y de congraciarse con los principales dueños de los medios de comunicación, también le ha permitido evitar la crítica.
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Existe información, debe comprobarse y fiscalizarse, que buena parte de la pauta no ha sido ejecutada aunque ha sido cobrada, especialmente en lo que se refiere a la propaganda cancelada a las empresas de cable, ahí destaca el Ministerio de Salud Pública y la ex funcionaria a la que el mismo comisionado Presidencial por la Transparencia pidió su renuncia, lo que no termina la responsabilidad del Ministro y de sus antecesores que nombraron y protegieron a esa persona.
En fechas recientes «El Periódico» publicó, como ya lo había hecho anteriormente, transferencias al PNUD por valor de Q272 millones. Anteriormente había publicado que el PNUD ejecutaría más de Q1,000 millones en 17 proyectos del Estado, señalando como el principal responsable al Ministerio de Finanzas por ser quien había efectuado las transferencias propuestas por la Presidencia, Vicepresidencia, ministerios y secretarías.
También publicó qué ministerios o dependencias eran los principales responsables de esos «infiscalizables millonarios recursos», destacando el Ministerio de Salud Pública con casi Q82.8 millones, la Secretaría de la Paz con Q81.7 millones, la Secretaría de Asuntos Agrarios con Q26.6 millones, el Ministerio de Educación con Q22.8 millones, el de Economía con Q21.5 millones, Cultura con Q15.8, obligaciones a cargo del Tesoro con Q13.4 millones y así sucesivamente.
Señaló la publicación que era la manera en la cual se pagaban altísimos salarios, implicando en esta improcedente práctica a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, así como a muchos ministerios y secretarías.
Al PNUD se le está otorgando una improcedente comisión del 7%, más de Q125 millones. Todo ello para evadir los controles y la transparencia, así como la fiscalización de la Contraloría General de la Nación o del Congreso de la República.
Los diputados al Congreso de la República tienen como una de sus obligaciones fiscalizar el gasto público; sin embargo, ninguno de ellos, mucho menos una bancada de oposición, se ha preocupado de comprobar que lo ejecutado sea un gasto real.
Qué bueno sería que no se fiscalizara sólo los gastos del Ministerio de la Defensa, sino que antes del 14 de enero se hiciera una exhaustiva fiscalización y auditoría de todo lo señalado para comprobar si realmente ha sido ejecutado ese gasto.
Rendir cuentas es la obligación principal que tiene el gobierno de la Gana previo a concluir su mandato, por ello, es obligación del Congreso y de la Contraloría comprobar y fiscalizar estas erogaciones antes que se desaparezca la posibilidad de comprobar si realmente se efectuó o simplemente se pagó aunque no se haya ejecutado.