Las reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la República que fueron planteadas por el diputado Arístides Crespo, actual presidente de este Organismo del Estado, después del escándalo del desvío de los Q82.8 millones, fueron consensuadas este miércoles por la mayoría de los jefes de bloque y se espera que el proyecto sea aprobado el martes de la semana entrante en una sola lectura, con lo cual se deslindan las funciones administrativas del trabajo político-legislativo.
Son aproximadamente 20 reformas consensuadas que no obstante el diputado Mario Taracena, jefe de bancada del partido oficial, sugirió tramitar el miércoles para enviarlas a una nueva revisión a la comisión del ramo, pero fue el diputado Crespo quien manifestó su negativa, en vista de que el proyecto de ley está en su opinión y de otros jefes de bloque lo suficientemente discutido y solo requiere de voluntad política para aprobarlo de urgencia nacional.
Entre las reformas más novedosas que se espera sean aprobadas está la disposición de que cada diputado contará con un pequeño staff (asistente, secretaria y ujier), todos contratados bajo el renglón 0-22, mientras duren en el cargo. Es decir, que cuando concluya su mandato de cuatro años igualmente fenecerán los contratos de su personal de apoyo, otrora presupuestados como un reconocimiento a su servicio en el renglón 0-11, que ahora suma más de 800 trabajadores.
Solo vienen a jugar cartas
La diputada Emilene Mazariegos, la única integrante de la bancada UD, afirmó que ella cuenta en su bancada con el «apoyo» de dos asesores, contratados bajo el renglón 0-11 con un sueldo nominal de Q10 mil cada uno, quienes, se quejó, solo llegan a jugar cartas. Sin embargo, la persona que verdaderamente si le asiste, aseguró que ella le paga de su bolsa, por lo que veía con buenos ojos la decisión de que cada representante el Congreso le contrate su personal de confianza.
El espíritu de esta norma radica en buscar la equidad entre los congresistas, ya que es una realidad que mientras unos diputados tienen varios asistentes, asesores y secretarías, otros no tienen nada. En lo relativo a la contratación de asesores por el renglón 0-29, que por ley corresponde a los bloques legislativos, por el número de diputados que los integran, así como por el número de comisiones legislativas de trabajo la norma no sufrirá ninguna modificación.
Los diputados creen que ordenando la contratación de personal bajo los renglones 0-22 y 0-29, se acabarán las plazas fantasma y se ahorrarán importantes recursos que ahora se dilapidan dado el alto nivel de clientelismo y pago de favores políticos a correligionarios y activistas como ha sido el denominador común en ésta y en las últimas cinco legislaturas, después del llamado retorno a la democracia en 1985 con la redacción y vigencia del nuevo texto constitucional.
Director o Gerente General
Otra de las reformas que se consideran torales para actualizar la estructura administrativa del Congreso de la República que desnudó las grandes carencias en esa materia, tras el desfalco millonario que le costó la Presidencia al diputado Eduardo Meyer es la separación de las funciones administrativas a los diputados que ejercen cargos directivos, aunque no los excluye de la responsabilidad del manejo de los fondos públicos.
De ser aprobada la reforma a la Ley Orgánica en este tema, la Junta Directiva contará con el apoyo de un Director o Gerente General, cuyos aspirantes a ocupar este importante puesto tendrán que ser profesionales del derecho con más de diez años de experiencia, adolecer de juicios de cuentas pendientes, entre otros requisitos. Supervisará a los directores financieros, administrativos y de Personal y deberá rendir cuentas periódicamente a la Junta Directiva o cuando se le requiera.
Todos apuestan por el cambio
Las primeras minorías: UNE, Gana, PP, FRG, BG, PU, URNG, UD, CASA concluyeron en la necesidad de aprobar el nuevo cuerpo legal la semana entrante, para que la nueva Junta Directiva que deberá tomar posesión el próximo año cuente con mecanismos más efectivos para resguardar el patrimonio del Organismo Legislativo y al mismo tiempo enviar un mensaje claro que se trabaja por la transparencia que demandan los guatemaltecos del manejo de la cosa pública.
El tiempo apremia, solo faltan seis sesiones plenarias para cerrar el ciclo de sesiones ordinarias de este año y existen otros temas, igual de importantes, tales como el Presupuesto General de la Nación de Ingresos y Egresos 2009 que de conformidad al texto constitucional tiene un plazo fatal (30 de noviembre) para ser aprobado, así como su fuente de financiamiento (préstamos y nuevos impuestos) que técnicamente deben ser aprobados previa y no posteriormente a los egresos.