La Corte Suprema de Justicia (CSJ) está a un paso de iniciar con el análisis de los antejuicios solicitados por el Ministerio Público, derivados del informe “Los Jueces de la Impunidad”, de la CICIG.

Aparentes resoluciones sin fundamento, sospecha de vínculos con redes de trata de personas, supuestos nexos con organizaciones de corrupción y estructuras que adversan la presencia de la Comisión en Guatemala, entre otros señalamientos, fueron el preludio de la denuncia que la entidad internacional promovió en contra de 18 jueces y magistrados del Organismo Judicial (OJ).

El documento, que fue dado a conocer el año pasado y remitido a la Fiscalía de Delitos Administrativos, del Ministerio Público, la cual a su vez, lo trasladó al Poder Judicial a través de 11 memoriales, donde se exponen los mismos hechos contenidos en el informe “Los Jueces de la Impunidad”, con la salvedad de que en estos, no fueron incluidos cinco togados, puesto que contra ellos ya se había declarado improcedente dicha petición.

Luego de haber sido distribuidos en diferentes juzgados, a diez de estos ya se les dio trámite. La denuncia sobre los togados fue trasladada a los magistrados de la CSJ, para que resuelvan si procede o no continuar con el procedimiento para retirarle la inmunidad, y dar así luz verde a las investigaciones contra los señalados.

Javier Monterroso, asesor de la fiscal general, Claudia Paz y Paz, informó que ya recibieron la notificación de parte de la Corte, que en los próximos días iniciará con el análisis de las denuncias.

Aunque en un principio algunas judicaturas que recibieron la petición de antejuicio, no le dieron trámite, al consignar que la denuncia no tenía dirección para hacer notificaciones, Monterroso indicó que ayer el MP remitió los últimas gestiones para completar los requisitos pendientes.

EL PROCEDIMIENTO

Mynor Franco, presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios, de la CSJ, refirió que aún no han establecido si iniciarán con el análisis y estudio de los casos uno por uno, o si será examinado en conjunto. Lo cierto es que para el efecto participarán todos los magistrados de la Corte.

Por otro lado, indicó que según el procedimiento, para darle trámite a la primera resolución, es decir si se encuentra los indicios de la posible comisión del delito, y se nombra a un juez pesquisidor, se tardan entre tres y cuatro días.

Posterior a esto,  según la Ley de Antejuicios, el pesquisidor tiene 60 días para realizar la investigación de los hechos, recibir las pruebas por parte de la fiscalía, así como pruebas de descargo por parte del señalado.

DIEZ JUECES Y TRES MAGISTRADOS

 Los jueces sobre quienes la CSJ deberá resolver si retira la inmunidad: Carlos Antonio Aguilar, Silvia Coralia Morales, Artemio Tanchez, Sergio Leonel Castro Romero, Silvia Violeta de León Santos, Julio Gerónimo Xitumul, Verónica Galicia Marroquín, Rosana Mena Guzmán, Mario Peralta y José Eduardo Cojulún.

Mientras que los magistrados de la Corte de Apelaciones son: Fausto Corado Morán, Héctor Echeverría, y Byron de la Cruz.

CINCO QUEDAN FUERA

Tras depurar el informe, el ente investigador dejó fuera a cinco jueces, ya que contra ellos se habían promovido antejuicios que fueron declarados  improcedentes.

Quienes fueron excluidos de la petición son: las juezas Patricia Anabella Veras Castillo y Coralia Carmina Contreras Flores, donde la CSJ declaró improcedente la solicitud emitida como consecuencia de absolución del delito de peculado en favor del expresidente de la República, Alfonso Portillo.

La misma situación se encontró en el caso de la jueza Irma Leticia Valenzuela, y Dina Josefina Ochoa Escribá, de quienes la Corte ya dictaminó que el recurso no procedía.

Tampoco se siguió el trámite en contra de Amílcar Colindres, juez de Primera Instancia del Municipio de Santa Rosa, puesto que el MP ya promovió la acción, por haber favorecido a Carlos de León Argueta, exfiscal general, con un amparo provisional, en un proceso que no correspondía a la judicatura del togado.