El hecho ocurrió a plena luz del dí­a (14:00 horas), mientras los cinco jugaban una chamusca en la 7ª avenida y 13 calle de ese barrio. Los agentes los obligaron con violencia a subir al picop negro policial sin ningún motivo de detención.

Los jóvenes no fueron consignados. Por tres dí­as, sus padres buscaron en las cárceles, los hospitales y morgues; y hasta plantearon varias exhibiciones personales sin resultado alguno. No fue sino hasta cuatro dí­as después cuando sus cadáveres fueron encontrados en un terreno baldí­o en el bulevar El Naranjo.

El Ministerio Público vinculó por ese crimen al subinspector Wilson Tobar Valenzuela, al oficial Dionisio Balán Santos y al agente Sabino Ramos Ramí­rez.

Algo que llamó mucho nuestra atención, aunque a decir verdad ya no fue capaz de sorprendernos, fue que muchas personas «justificaron» ese horrible hecho sólo por el sector en el que viví­an las ví­ctimas y algunos con los antecedentes penales o policí­acos de los cinco.

El MP presentó las pruebas necesarias para que el Tribunal Primero de Sentencia aplicara la pena máxima de 30 años de prisión en contra de los ex policí­as responsables de la ejecución extrajudicial de los cinco. El Estado de Guatemala también fue condenado y obligado a pagar una suma de Q 100 mil por cada ví­ctima como resarcimiento.

Pero ese no ha sido el caso de los crí­menes cometidos por el Estado durante las dictaduras militares, donde elementos del Ejército irrumpí­an en una comunidad y eliminaban fí­sicamente a todos sus miembros, acusándolos, sin ningún fundamento o prueba, de pertenecer o colaborar con la guerrilla.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico reportó más de 42 mil violaciones a los derechos humanos, unos 200 mil muertos y desaparecidos y señaló al Estado como principal responsable de esos crí­menes. Al igual que en el caso «El Gallito», existen informes, exhumaciones, testimonios y una sociedad que demanda la aplicación de la justicia por genocidio, pero ésta no ha llegado aún.

Justamente esa fue una de las conclusiones del V Encuentro sobre Racismo y Genocidio, en Guatemala que finalizó el jueves último: «debe garantizarse la justicia por las masacres del Ejército».

En la muerte de los cinco, el Estado fue responsable por la «acción» probada en el juicio oral y público. Pero en la tortura, muerte y desaparición, de los miles, el Estado es doblemente responsable: por las acciones cometidas por el Ejército y ordenadas por la alta cúpula militar, y por la «omisión» de no investigar y mucho menos aplicar la justicia contra los responsables.