Ayer el doctor Eduardo Meyer apeló la sentencia en su contra dictada por el robo de los 82 millones de quetzales que la entidad Mercados de Futuro (MDF) hizo al Congreso de la República cuando era presidido por el entonces diputado de la UNE. Al mismo tiempo, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y hasta el mismo Congreso, apelaron también la sentencia, pero para exigir que se obligue a Meyer al pago de responsabilidades civiles que cubran el monto desviado de manera que el dinero que se hizo humo, regrese a donde corresponde.

Meyer alega que no se dio ni cuenta de lo que estaba pasando y que por ello no merece el castigo. Yo tengo la impresión que es cierto, aunque el doctor Eduardo Meyer cuando asumió la presidencia del Congreso dijo que él personalmente se haría cargo del control de las finanzas, pero evidentemente quienes lo rodearon le vieron la cara de papo y se aprovecharon de su ingenua candidez. El caso es que bajo su administración, es decir bajo su responsabilidad, MDF se clavó los 82 millones de quetzales que el Congreso había “invertido” en esa entidad, lo que significa que desde el punto de vista legal y desde la perspectiva que quiera verse, no tiene escapatoria y su apelación resulta improcedente.

En cambio, sería muy sano para el país que al fin se decidiera legal y judicialmente sentar el sanísimo precedente de obligar a que cuando se “esfuman” fondos públicos, los responsables sean obligados a su resarcimiento por la vía del cumplimiento de obligaciones civiles. Si en el caso Meyer se atiende la apelación de los acusadores, habremos dado un paso importantísimo hacia adelante en la lucha contra la corrupción, porque quedará abierto el camino para que en futuras ocasiones, como al juzgar a los funcionarios que contrajeron la deuda flotante, se les exija que se hagan responsables de pagar.

Hasta el día de hoy, todos los que se han robado plata del Estado pueden tener la seguridad de que gozarán tranquilamente del dinero mal habido. Aun aquellos que han sido castigados penalmente, sobre todo funcionarios del tiempo de Portillo que fue la única administración contra la que se emprendieron acciones legales, saldrán de la cárcel y no tendrán obligaciones de reponer el dinero que se pudieron haber robado, no digamos los otros, los que se beneficiaron del eterno sistema de impunidad que hay en el país.

Meyer da pena y lástima, porque con esa cara de papo que muestra al afirmar que él fue ajeno a las cosas lo convence a uno de que realmente fue un pobre tonto al que sus asesores engatusaron para que les dejara hacer micos y pericos con el dinero público. Pero el caso cierto y concreto es que 82 millones de quetzales, que no son moco de pava, se desaparecieron como si hubieran sido de humo y nadie da cuenta de qué pasó con ese dinero ni en qué bolsillos fueron a parar.

Meyer gozaba de cierto prestigio por su pasado como Rector de la Universidad y su gestión como Ministro de Salud Pública, pero su caso tiene que servir de ejemplo porque nadie debe asumir responsabilidades que no puede cumplir. Ciertamente a la presidencia del Congreso puede llegar cualquiera y pareciera ser que los medio bobalicones tienen mucho chance de ser electos, pero tendrían que tener mucho cuidado al menos con la forma en que se manejan los caudales de los que son cuentadantes, porque la ignorancia no es excusa para justificar los malos manejos.

Si Meyer fue pícaro o baboso es otro tipo de debate. El asunto es que 82 millones de quetzales a su cuidado se esfumaron y alguien tiene que pagar por ello.