El populismo no sólo es entregar ayudas sociales o asegurar que se aplicará la pena de muerte para ganar votantes, como sucede normalmente en las elecciones generales. En el contexto actual, el populismo también significa prometer hasta lo imposible para ser electo como Fiscal General.
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Esa es una de las más importantes conclusiones que resultan de un análisis de las propuestas presentadas por los aspirantes al cargo a Fiscal General y jefe del Ministerio Público a la Comisión de Postulación que analiza sus expedientes.
Un repaso por los planes de los candidatos puede ser sorprendente, especialmente cuando se observan ideas descabelladas como perseguir todos los delitos, lo que a todas luces es una promesa imposible de realizar, aunque sí parece muy popular.
En este proceso se observan planteamientos que me atrevo a encasillar en el “populismo justiciero” y que responden a las demandas de una población cansada de la impunidad, pero también desconocedora del sistema de justicia.
Y es que aunque se tenga mucha voluntad, las instituciones no tienen la capacidad para investigar todos los delitos; personalmente encuentro que las fiscalías aún necesitan más recursos y respaldo para cumplir con su misión, y por eso jamás podrían perseguir todos los delitos que se cometen en el país.
Algunos aspirantes al cargo entienden muy bien esta situación, pero aun así plantean sus propuestas imposibles de realizar para proyectar su idoneidad, obviando que siempre habrá quienes entiendan sus intenciones.
Por otro lado, se observa con agrado las propuestas realistas y encaminadas a fortalecer el MP, que necesita de continuidad en las políticas de persecución penal que ya están en marcha y reafirmar el respaldo a todo el personal que valientemente trabaja contra la impunidad.
En términos generales considero que la elección de Fiscal General debería preocuparnos más, porque además de los populistas, hay que hacer una revisión de las actuaciones de la Comisión de Postulación.
La falta de un cronograma fijo, la benevolencia para esperar a los aspirantes que no entregaron su papelería completa y la falta de certeza sobre el procedimiento que utilizarán para determinar la “reconocida honorabilidad” son solo algunos de los asuntos más cuestionables.
El papel de las organizaciones sociales que fiscalizan a la postuladora es loable, pero eso no exime de responsabilidades a los guatemaltecos que aún permanecen indiferentes ante tan importante proceso.
Todos necesitamos, tarde o temprano, de la justicia, así que no podemos restar importancia a la postulación de los candidatos, sus planes de trabajo y sobre todo, a la elección que deberá hacer el Presidente el próximo dos de mayo.
Recientemente un amigo publicó en su muro de Facebook el video de la campaña electoral del presidente Otto Pérez Molina, en el que además de seguridad ofrece justicia a sus electores.
Ojalá que el Presidente no se olvide de su ofrecimiento y que al momento de tomar una decisión, no opte por los populistas, porque según dijo en campaña, eso no le agrada.