El diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Probidad del Congreso, denunció una “injerencia” del Ejecutivo para obligar a menores de edad que estudian en varios establecimientos a darle trámite al Documento Personal de Identificación (DPI)
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cuando autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y del Registro Nacional de las Personas (Renap) han hecho saber que no es obligatorio.
Pop asegura que recientemente la sala de trabajo a la que pertenece recibió un oficio donde el administrador del Conservatorio Nacional de Música, basado en una orden vicepresidencial establece que ningún alumno que estudie en ese establecimiento puede recibir clases si no cuenta con la certificación de dicho documento.
El parlamentario indica que la acción que es “grave e ilegal” y por tanto solicita a la PDH realizar un informe donde se evalúe dicha denuncia en un plazo de ocho días y añadió que no se descartan denuncias penales contra el directorio del Renap.
PAPEL DE CERTIFICACIONES
El diputado Pop dio a conocer que autoridades del Renap hicieron una compra de 4 millones de hojas papel para emitir certificaciones a un precio de Q4 cada una, y su valor comercial es de Q1.05, lo que significa que existe un sobreprecio por más de Q16 millones.