Digno de reconocimiento y aplauso es el gesto que han tenido los diputados de la bancada Encuentro por Guatemala al denunciar ante un Tribunal de lo Contencioso Administrativo la simulación de negocio que se produjo en Puerto Quetzal por la forma en que disfrazaron una concesión con el ropaje de un usufructo a efecto de evadir todos los requisitos que la Ley de Compras y Contrataciones establece, especialmente el de licitación pública, puesto que el negocio fue pactado bajo la mesa con los españoles que se han beneficiado con la ilegalidad.

Hace algunos meses platicamos con uno de los más reconocidos expertos en Derecho sobre la posibilidad de que pudiera prosperar una acción por el fraude de ley cometido por los interventores de la Portuaria, pero antes de que se concretara una acción de ese tipo, los diputados de Encuentro por Guatemala han llevado el caso por una vía distinta, para que sea en proceso Contencioso Administrativo que se dilucide si realmente hubo o no una concesión.
 
 La regulación expresa y categórica que hace la Ley de Compras y Contrataciones de las concesiones no deja lugar a dudas de que lo que hicieron en Puerto Quetzal fue nada más y nada menos que una concesión. Porque no se trata de un simple usufructo oneroso, como se quiso hacer ver, toda vez que los contratistas se harán cargo de las operaciones portuarias en el manejo de los contenedores y eso cae de manera muy precisa en lo que la ley establece.
 
 Por supuesto que cuando hay diputados, por pocos que sean, que realmente se preocupan por ejercer sus funciones fiscalizadoras aun y cuando haya sectores interesados en torpedear la labor del Congreso para frenar investigaciones serias y profundas, se pueden dar casos como el que ahora merece este comentario. Muchas críticas se han hecho a la diputada Nineth Montenegro de parte de los mismos sectores progresistas en donde ella destacó en la lucha por los derechos humanos, pero hay que reconocer que es de las pocas personas que en el Congreso entienden el sentido del trabajo de control político que les corresponde a los diputados.
 
 Lamentablemente hay que admitir que no se pueden cifrar grandes esperanzas en nuestros tribunales de justicia porque la venalidad campea en ellos de manera cínica y desvergonzada, pero por lo menos la acción de Encuentro por Guatemala permite un amplio debate para que la gente se dé cuenta exacta de cómo se manosean las instituciones del Derecho para promover la corrupción y el enriquecimiento de los funcionarios de Estado.
 
 A estas alturas tendríamos que tener, si actuaran con independencia, ya el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría de Cuentas y del Ministerio Público para apoyar el esfuerzo individual de los diputados que se dispusieron a luchar porque prevalezca el Estado de Derecho. Pero ya sabemos que esas instituciones, formalmente autónomas y constitucionalmente obligadas a velar por la transparencia y atacar la corrupción, son en realidad comparsa del juego que se ha establecido como cajonero para todos los gobiernos, independientemente de su tendencia ideológica o de su composición. Todos, uno a uno, terminan haciendo lo mismo porque la estructura del país está hecha para alentar el robo y el saqueo. Los piñatizadores de los bienes públicos no sólo están tranquilos, sino que sus asesores ahora son nombrados interventores para que aprovechen su “experiencia” a efecto de que de manera descarada y burda se hagan los más descarados negocios.
 
 No existe tal usufructo en Puerto Quetzal y esa figura es un invento que aprovecharon los interventores para regalar una concesión a españoles que no necesitaron espejitos para llevarse nuestra riqueza.