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El citado proceso ha acaparado la mirada de la sociedad civil y los sectores polí­ticos, y aún más luego que el Congreso de la República cerrara la puerta a la posibilidad de aprobar una ley a favor de la objetiva fiscalización y transparencia de las comisiones de postulación.

A partir de ese hecho, calificado por muchos como un «bloqueo polí­tico» y «golpe de impunidad», las dudas comenzaron a flotar en el aire y las previsiones no parecen ser muy alentadoras.

La citada Comisión recibirá más de 700 expedientes de juristas de todo el paí­s, quienes aspiran a ocupar un cargo como magistrados de la Corte Suprema de Justicia o Salas de Apelaciones, de los cuales preseleccionará a un grupo que finalmente será electo por el Congreso de la República.

Previo a ese proceso, organizaciones de la Sociedad Civil han demandado que el mismo sea transparente y tenga acceso a la fiscalización para evitar el involucramiento de poderes ocultos y polí­ticos dentro del mismo.

Pero, ¿cuáles son los riesgos que corre la administración de justicia?, ¿cuáles son las demandas de la sociedad civil?, ¿en qué cambia el proceso luego que el Congreso no aprobara la iniciativa que regularí­a las comisiones de postulación?

PANORAMA

Nineth Montenegro, titular de la Comisión de Reformas al Sector Justicia y diputada de Encuentro por Guatemala, reconoce que el panorama en ese proceso próximo es «oscuro», y ve en él la necesidad inmediata de «que se haga la luz», dijo.

Para la diputada, quien impulsó la citada iniciativa de ley, el hecho que el propio poder ejecutivo quiera llevar al parlamento una iniciativa «propia», demuestra la falta de voluntad polí­tica para mejorar la transparencia en ese tema.

Pero el panorama parece aún más tétrico: «Aparentemente ya todo está dicho, las planillas ya están estructuradas y hasta se han dicho nombres», agrega Montenegro sobre el tema. Para la parlamentaria la presencia del relator de Naciones Unidas en materia Judicial «podrí­a hacer que las cosas varí­en», espera.

Pero el temor de los sectores polí­ticos y sociales que exigen transparencia en el proceso va más allá de la politización de las elecciones, «el mayor temor es que las mafias tengan el control del sistema de justicia y penetren y estropeen el Estado de Derecho», comentó Montenegro.

PODER LATENTE

Carmen Aí­da Ibarra, representante del Foro Guatemala, indicó que aunque el riesgo no es exclusivo de esta coyuntura ya que el influjo de poderes criminales alrededor de la elección de Magistrados para la CSJ ha estado presente en procesos anteriores, «se ha incrementado la fuerza y la incidencia de este tipo de grupos», declaró.

Ibarra criticó severamente el pronunciamiento de la Junta Directiva del CANG en cuanto que «quiere coartar la intervención ciudadana» (Lea cambio de discurso), lo cual para la entrevistada enví­a un fuerte mensaje sobre «un poder jurí­dico que está dominado por procesos polí­ticos como la elección de autoridades judiciales y que es un poder jurí­dico antidemocrático. Es muy peligroso para Guatemala que fuerzas antidemocráticas estén controlando ese poder e incidan en la administración del Estado y de la justicia», expuso.

La analista también insistió en que el proceso debe ser democrático, público y transparente una vez haya sido conformada la comisión: «Que hagan público el proceso de selección, es decir, que informen sobre qué méritos ven en unos candidatos y cuáles no ven en otros y sobre todo que haya criterios en el proceso de selección en el sentido que las comisiones busquen que los candidatos sean idóneos, tengan ética y excelencia profesional», sugiere Ibarra.

CAMBIO DE DISCURSO

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala emitió la semana recién pasada un comunicado oficial en el que manifiesta su «profunda preocupación por las constantes intromisiones, opiniones anticipadas, descalificaciones y faltas de respeto» hacia ese órgano relacionadas al proceso de elección e integración de las Comisiones de Postulación para la elección de Magistrados, las cuales calificaron de «inaceptables».

En el documento publicado también hacen un llamado a las personas jurí­dicas o individuales para que «se abstengan de entorpecer el proceso necesario», el cual, insisten, está siendo regulado por la Constitución y leyes vigentes.

El 8 de mayo último, í“scar Cruz, presidente del CANG, ratificó todos los puntos detallados en el comunicado publicado semanas atrás; sin embargo, lanzó un llamado al involucramiento ciudadano en el proceso.

«Hago un llamado a que nos involucremos en este proceso tan importante para el paí­s y en especial a los sectores de la sociedad civil para que todas sus dudas y sugerencias las hagan llegar a la Comisión de Postulación, encargada de seleccionar los profesionales electos por el Congreso», indicó.

ANíLISIS

Marco Antonio Canteo, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, explicó que aunque no hubo voluntad polí­tica para aprobar la iniciativa legislativa que regularí­a las comisiones de postulación, la normativa actual tiene rango constitucional y que mientras no se cambie la Constitución, ésta seguirá así­ a pesar de las crí­ticas.

El experto explicó que en el contexto del «retorno a la democracia» se intentó ese sistema de elecciones y enfatizó que la propuesta constitucional no es una idea mala: «lo que trabaja mal es su funcionamiento y es porque se han politizado todas las instituciones y representantes a la comisión de postulación y ahí­ surgen los intereses oscuros que se crean para negociar la impunidad por las ví­as de la justicia», opinó.

Canteo no negó que los partidos polí­ticos tienen incidencia en los decanos rectores de universidades y el Colegio de Abogados, y agregó que ello provoca malas prácticas en esa elección: «si hubiesen instituciones sanas lo que la Constitución manda no generarí­a tantas dudas alrededor del funcionamiento», dijo.

Para el entrevistado, el gran reto es hacer transparente el proceso de elección a cargo de la Comisión de Postulación y que ésta demuestre la voluntad polí­tica que el Congreso no tuvo: «debe abrir audiencias públicas a la elección de magistrados porque si se hace en secreto sólo van a aumentar las sospechas de que hay intereses oscuros dentro de él», enfatizó.

Canteo finalizó indicando que los intereses oscuros se deben a que detrás de instituciones que dan vida a las comisiones hay partidos polí­ticos, donde hay personajes vinculados a crí­menes del pasado y graves violaciones a los derechos humanos, indicó.

DESDE ADENTRO

Luis Fernández Molina, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se refirió a que los escenarios de esta elección son formalmente iguales pero que han variado con los agravantes que representan todas las crí­ticas actuales al sistema judicial y en particular a la Corte de la que es parte y que en ese marco se hace necesario aumentar la transparencia.

Para Fernández «siempre hay posibilidad que uno y otro jurista poco calificado se cuele», por lo que es partidario no sólo de la transparencia sino de la «forma» de la elección: «que la mayorí­a de candidatos sean calificados y apolí­ticos (…) en realidad creo que no hay nadie quí­micamente puro, pero para mi también deberí­a haber más gente mayor y más mujeres, más gente de la provincia, más académicos, y por supuesto una cuota bastante grande a un grupo de jueces y magistrados con una hoja intachable dentro del OJ», explicó.

Para el magistrado consultado el común denominador que debe prevalecer en estas elecciones es que no haya «facturas o compromisos polí­ticos pendientes» y agregó que la mayor debilidad de ese proceso es que «la última palabra la tiene el Congreso; y aunque no es culpa de ellos desde el principio se arman estructuras que no permiten la actuación aislada de un jurista en ese proceso», indicó.

Fernández criticó además que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) (quien conforman a nueve electores en la comisión) «promueven el pase a grupos que invierten mucho en su campaña interna proselitista y quien no pertenece y se aliste en esos grupos no tiene chance de acceder a un puesto», dijo.