Polonia, que insiste en reforzar el oscuro Compromiso de Ioannina, e Italia, que se niega a tener menos eurodiputados que Francia, son los dos países que aparecen como el principal obstáculo para la adopción del nuevo tratado europeo en la cumbre de Lisboa que se abre el jueves.
Durante meses, Polonia ha cuestionado el nuevo sistema de voto de los 27 miembros contemplado en el tratado a causa de su pérdida de peso en el cálculo de la mayoría.
En la última cumbre de la UE, en junio, Varsovia logró que el nuevo sistema no entre en vigor hasta 2014, un plazo que podría prolongarse hasta 2017.
Asimismo, pidió que el Compromiso de Ioannina (el nombre del pueblo griego en el que fue alcanzado), que existía en los textos europeos pero que sólo ha sido invocado una vez, sea parte del tratado y no quede relegado a protocolos adicionales.
Este compromiso permite a los países que se encuentran en minoría en una votación congelar temporalmente una decisión.
Se prevé que los juristas europeos incluyan una mención a este asunto en el texto que adopten, aunque tal declaración podría ser modificada por simple decisión de la mayoría.
Varsovia quiere que Ioannina sea reforzado y que no pueda ser modificado más que por unanimidad y en una nueva conferencia intergubernamental como la que sirvió para alumbrar el tratado.
El objetivo de este tratado, que sustituye a la fallida Constitución que franceses y holandeses rechazaron en referéndum en 2005, es simplificar la toma de decisiones tras la ampliación de la UE a 27 miembros.
En el caso de Italia, su problema es el reparto de escaños en el Parlamento europeo.
El tratado reduce el número de eurodiputados de los 785 de la actualidad a 750 como máximo a partir de la próxima legislatura (2009-2014), respetando el principio conocido como de «proporcionalidad decreciente» que permite a los Estados menos poblados estar representados.
El Parlamento votó a favor de un sistema operando bajo ese principio, lo que ocurre es que, bajo el mismo, Italia se encontraría por primera vez con menos eurodiputados (72) que Francia (74) y Gran Bretaña (73), algo que rechaza.
Roma argumenta que no es la población de los países la que debe servir de base a los cálculos sino el número de ciudadanos europeos, un dato sobre el que no existen estadísticas armonizadas.
Otro país que parecía dificultar la adopción del tratado es Austria, aunque sus reivindicaciones parecen haber sido atendidas.
Viena quería que el tratado permitiese proseguir con su práctica de restringir el número de extranjeros que acepta en sus universidades, a causa sobre todo del número de estudiantes alemanes en ciertos estudios.
Tal práctica, denunciada como discriminativa, es objeto de un recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia que finalmente ha sido congelado, tal y como anunció la Comisión Europea.