Las acciones legales que ha generado la normativa para fiscalizar las cuentas de las Personas Políticamente Expuestas en el marco de un esfuerzo por contrarrestar la corrupción mediante normas para seguirle la pista al dinero que puedan amasar quienes desempeñan funciones públicas, demuestran que el esfuerzo vale la pena porque ha puesto a temblar a más de alguno. Y es alentador que se estén tomando algunas medidas que preocupan a quienes se han beneficiado durante tanto tiempo de la existencia de un Estado incapaz de contarle las costillas a nadie, puesto que ello puede marcar el inicio de una etapa diferente.
Desde luego debemos entender que todo cambio que es profundo genera sus propios dolores de parto y crea resistencias muy grandes entre quienes se sienten amenazados. Así como ocurrió con la Comisión Internacional Contra la Impunidad, que provocó impugnaciones legales y que aún hoy mantiene en los tribunales más de alguna disputa para cuestionar su competencia en la investigación criminal, lo mismo está ya viéndose con la iniciativa para fiscalizar las cuentas de personas políticamente expuestas, porque es natural que algunos sientan una amenaza en su contra.
Por supuesto que no debemos llamarnos a engaño y suponer que con esa disposición será suficiente para evitar el robo de los haberes públicos, puesto que la experiencia demuestra que siempre se encuentra la forma de jugarle la vuelta a las normas y por ello se dice aquello de que hecha la ley, hecha la trampa. Y se sabe que históricamente se ha recurrido a los prestanombres para realizar operaciones de dudosa procedencia y así encubrir las pistas del dinero mal habido. El testaferro encontrará la oportunidad para ser parte de los negocios, pero de alguna manera esos fondos tienen que terminar en el bolsillo de los corruptos y es allí donde se puede establecer el vínculo.
Lo importante es que estemos haciendo algo para estorbar a los sinvergí¼enzas que se puedan embolsar el dinero sin dificultad ni contratiempos. Una buena articulación entre la Superintendencia de Bancos y las fiscalías contra la corrupción puede arrojar resultados verdaderamente importantes para el país en un plazo razonable y eso lo tenemos que apreciar porque sería la primera vez en la historia que podemos disponer de un marco legal que permita establecer la ruta del dinero sucio.
La corrupción siempre es deleznable, pero en países donde abunda la miseria y se viven condiciones de inequidad tan graves como las que presenta nuestra sociedad, es un crimen de lesa patria cualquier robo que se hace en perjuicio de los intereses de la población de menores recursos económicos, es decir, especialmente en áreas de salud, educación y seguridad, por mucho que los titulares de esas carteras digan que ellos no necesitan dinero.