Inevitable es cuando se mencionan polí­ticas de Estado, pensar en todos los mecanismos de desarrollo integral del paí­s, lo que implica sin lugar a dudas un proceso económico de inversión y competitividad, impulsado primariamente por Gobierno-Sociedad, y que con ello se alcance un mejor sistema de tributación que necesariamente redunde en el cumplimiento del Estado de sus obligaciones en brindar los principales servicios públicos a la población, y el respeto de los derechos humanos básicos como la educación, la seguridad, la salud, la justicia y el trabajo.

En su concepción básica, las polí­ticas de Estado o polí­ticas públicas tienen en sí­ una vinculación directa con los mecanismos de funcionamiento de un paí­s, y en las mismas se espera su cumplimiento tal y como las normas supremas (Constitución) las establecen.  En otros paí­ses con una historia de aplicación de estas normas y polí­ticas, se convierten en un proceso cultural de ejecución y aceptación (Europa y Estados Unidos).   Eso significa que se aplica dí­a a dí­a y sin cuestionar sus fundamentos de fondo, los cuales son vitalmente necesarios para mantener a flote la actividad económica del Estado y el cumplimiento de otras polí­ticas internas o externas (las guerras son un ejemplo de cómo una polí­tica económica, facilita el cumplimiento de otras polí­ticas, como la de Irak o Afganistán, en este caso polí­ticas internacionales).

Pero en realidad los Estados lo que tienen son polí­ticas económicas y sociales, con fundamentos muchas veces ideológicos o bien nacionalistas, que buscan sin intereses perversos (aparentemente) el desarrollo integral del paí­s.   Es en esas polí­ticas económicas y sociales donde las polí­ticas gubernamentales tienen su principal incidencia, al trasladarse formalmente en procesos que alcancen los objetivos primarios para avanzar en una ruta de desarrollo.  Pero el Estado no puede hacerlo solo.  El ciudadano debe ser partí­cipe, propositivo y actor fundamental.  El caso de ENADE es un claro ejemplo de este tipo de situaciones, en donde la búsqueda de elementos de competitividad e inversión, tienen como meta el desarrollo de grupos sectoriales, principalmente vinculados a los servicios y la producción.  Sin lugar a dudas este tipo de esfuerzos son loables, y creo que el sector privado se mantiene en un camino claro y una meta evidente.  Pero el ENADE va aún más allá, y propone que coincidentemente con ello, se tome en cuenta los aspectos de realidad de Guatemala, principalmente la reducción de la pobreza.  Para ello mencionan como complementos a su propuesta de polí­tica pública económica de inversión y competitividad, una transparencia en la gestión del gasto público y la priorización del gasto social.  Muy, pero muy someramente (diciéndolo pero sin decirlo),  refieren a alcanzar una efectiva y justa polí­tica fiscal.

Si Guatemala desea un futuro distinto al que tantos analistas económicos, sociólogos, psicólogos o polí­ticos han pronosticado, debe en sintoní­a con propuestas de distintos sectores del paí­s, alcanzar un balance justo en la gestión de la recaudación tributaria, ser extraordinariamente eficiente en la utilización de los recursos obtenidos y servir a su población de forma honesta. Solo así­, las polí­ticas económicas y sociales podrán considerarse como Polí­ticas de Estado y la población nuevamente tendrá confianza para invertir y pagar impuestos.