Justicia y respeto a los derechos humanos es toda la base social que el ser humano requiere para alcanzar certeza y seguridad jurí­dica, además de una confianza suficiente para generar trabajo, y con ello obtener su propio progreso. Sin justicia y sin el respeto a los derechos humanos, la sociedad y el paí­s pierde su norte, su guí­a y su oportunidad para el desarrollo.

Pero de nuevo retomo el debate sobre si sobre el tema de Justicia y respeto a los derechos humanos se consideran como polí­ticas de Estado o de gobierno, tomando en cuenta principalmente que a la presente fecha, la Constitución Polí­tica de la República es nuestro único referente de una polí­tica de Estado, y en ella solamente se contemplan elementos dogmáticos, de principios y valores, no una verdadera acción pública para alcanzar resultados. Entonces, la población requiere en realidad una polí­tica de Estado en materia de justicia y respeto a los derechos humanos, que luego desencadene una serie de acciones o polí­ticas de gobierno, con cada Presidente, Congreso o autoridad nueva que ejerza el poder.

Las polí­ticas de Estado son, por ejemplo, las adoptadas por la Unión Europea en materia de pena de muerte, en donde se indica que no es posible alcanzarla mediante un fallo judicial y como parte de un proceso jurí­dico. O quizá las establecidas en Francia, cuando se habla de derechos laborales, en donde la prioridad es el trabajador y las relaciones entre este y la sociedad, dejando al empleador como un tercero que soporta o apoya la acción del trabajador y del Estado. Con esa concepción, las polí­ticas públicas desde la visión del Estado se construyen por estadistas, grupos de sociedad y población en general, buscando una visión de vida (permanente) o por lo menos con metas de trascendencias claras de largo plazo (desarrollo sostenible).

Si las “grandes” metas o polí­ticas de Estado están ya formuladas, lo que la sociedad espera y persigue es que existan lí­deres capaces de crear mecanismos, estrategias y técnicas especializadas en alcanzar dichas metas, en perí­odos cortos de tiempo, (alternancia del poder), pero principalmente siguiendo la lí­nea formal de esas polí­ticas de Estado (polí­ticas gubernamentales). Y en ese marco de acción, la sostenibilidad de polí­ticas de respeto a los derechos humanos y alcanzar el ideal de la justicia están en la cima de toda conformación del Estado y su sociedad.

Pero en el caso guatemalteco, en donde alcanzar ese ideal es una tarea que parece imposible debido, principalmente, a los grandes márgenes de corrupción, impunidad y violaciones a derechos humanos que se viven cada dí­a, nos damos cuenta de que no existe un verdadero pacto social, que dicte una ruta clara para trazar dicha polí­tica de Estado; y sin ella, las polí­ticas gubernamentales se confunden con acciones preventivas o correctivas, o bien en la malsana crí­tica ya conocida, hacia todos los lados posibles.

Guatemala requiere una reconstrucción de su tejido social, que dicte mecanismos y fórmulas orientadas a mejorar los sistemas nacionales de gestión gubernamental, y en donde el ser humano es el actor principal, quien desde su casa y hacia todo su entorno debe alcanzar a comprender que a cada persona se le deben respetar sus derechos humanos y además que confí­e en que la justicia es garante de un buen desarrollo integral.