Durante la campaña los guatemaltecos hemos escuchado de múltiples problemas que aquejan al paí­s, y sus posibles soluciones. Desafortunadamente, las propuestas tienden a solucionar aspectos urgentes como la inseguridad o la ausencia de salud, pero se ha olvidado (con o sin voluntad) de los temas importantes, principalmente aquellos que obligan a tomar en cuenta la creación y ejecución de polí­ticas públicas, dentro de ellas la de la función pública.

Leyendo a Ví­ctor Gálvez en su columna de La Revista, del Diario de Centro América, me recordaba de haber leí­do los estudios de distintas entidades internacionales que explican que los paí­ses que han logrado un sustancial desarrollo integral son aquellos que, entre otras acciones, debatieron exitosamente con sus sociedades el tipo de Estado que requerí­an, y con ello trazaron una ruta técnica y polí­tica para lograrlo.  Y es que Gálvez analiza que sin ese concepto claro difí­cilmente podrí­amos avanzar en aspectos más de fondo, lo cual sin duda alguna es correcto.

Pero lo más interesante de ello es que estas etapas de ofrecimiento electoral son meramente de coyuntura por el propio proceso, dirigidos con seguridad a una agenda preparada para presentar a la opinión pública, pero que difí­cilmente contienen una estrategia de nación que responda a implementar estas polí­ticas de Estado.  En el caso de la función pública se conoce el éxito de paí­ses como Taiwán o España que han privilegiado determinar, con perfiles técnicos, la labor que el Estado y sus instituciones deben tener, llegando, inclusive, a considerarse un honor ser parte de ellas.  En el caso del lado latinoamericano, Chile y México llevan la delantera en ese proceso de formalización y profesionalización, que incluye, además, sistematizar sus procesos, la búsqueda de la gestión de calidad y la ya conocida herramienta del gobierno electrónico.  Colombia es otro claro ejemplo de ese avance a nivel institucional, no sujeto a los vaivenes polí­ticos.

Lo que muchos no logran entender u otros que prefieren no hacerlo, es que los presidenciables y sus equipos de trabajo están obligados a formular polí­ticas de gobierno para ejecutar un plan de cuatro años, pero que deben enmarcarse en un proceso lógico de polí­ticas de Estado, diseñadas por toda la sociedad, en consenso o por lo menos con los máximos acuerdos posibles.  La inclusión de las polí­ticas de gobierno dentro del paí­s serán viables de conformidad con sus ideologí­as o bien sus posiciones polí­ticas (no las partidistas), pero que no podrán (o no debieran) variar elementos que son fuera de estas polí­ticas de Estado; y las mismas debieran ser implementadas perí­odo tras perí­odo, desde el servidor público, pasando por los representantes del pueblo en el Congreso, hasta por el propio Presidente de la República.

En esta categorí­a de polí­tica de Estado, sin lugar a dudas la función pública es de las más importantes, porque genera una base técnica que permite responsabilizar el seguimiento de otras polí­ticas sectoriales (municipales, gubernamentales, financieras, económicas, sociales, culturales, deportivas, artí­sticas, etc.), o bien alcanzar las metas trazadas para cada una de ellas.  La imagen del servicio público y todo lo que integralmente conlleva (sistemas, procesos, culturas, normas jurí­dicas, personas, instituciones) debe obligadamente ser diseñada, modificada en el caso de ser necesario y por encima de todo, fortalecida bajo los parámetros de un interés de nación y no de intereses personales o de representación a grupos de influencia o de poder. Por eso digo que el debate está ausente.