Hay que decir que en Guatemala las políticas de ahorro se pueden aplicar apenas a un pequeño porcentaje de la población porque la mayoría vive en condiciones de subsistencia en las que no es posible pedirles ahorro. No pueden ahorrar dinero, pero tampoco pueden ahorrar energía eléctrica que no poseen o consumen al mínimo, agua que compran en toneles o en transporte cuando apenas si pueden pagar el bus para ir y regresar al trabajo o enviar a los hijos a la escuela. En otras palabras, ahorrar es posible cuando existen excedentes y uno puede prescindir de algo, pero es imposible cuando lo que se tiene es el mínimo vital.
Sentada esta elemental premisa, hay que ver que en Guatemala es limitada la capacidad de ahorro pero eso no significa que no se haga un esfuerzo serio para convencer a los que tienen capacidad de ahorro para que reduzcan su consumo de energía a fin de beneficiar a la colectividad. Es como si dijéramos que al establecerse una política que restrinja un día a la semana la circulación de vehículos: obviamente quienes tienen dos o tres carros en casa pueden acomodarse fácilmente para dejar de usar uno de ellos, pero quien posee un único automóvil, obviamente estará forzado a usar nuestro inseguro y pésimo sistema de transporte colectivo. En otras palabras, todo apretón de cincho que se recete a la población causa menor impacto a los sectores más ricos y un revés muy fuerte a las familias de menores ingresos.
Por ello es que a veces resulta tan paradójico escuchar algunas propuestas para enfrentar la crisis, porque quienes las hacen por lo general son gente que vive en la comodidad de una holgada posición económica y desde esa perspectiva es mucho más fácil ver el panorama, sugerir ahorros y sacrificios, sin entender que lo que para uno es ahorro, para otro es la renuncia a bienes o servicios elementales e indispensables. Apagar un foco en una amplia residencia donde hay variedad de aparatos eléctricos no es lo mismo a apagarlo en una casita de dos o tres ambientes donde lo que tienen es una televisión y tres focos.
Y eso tiene que ser tomado en cuenta por el Gobierno si decide hacer una campaña para el ahorro de energéticos como forma de encarar la crisis de manera inmediata, porque todas las acciones que se han discutido en cuanto a obtener energía más barata o producir más petróleo, son cuestiones que demandan años de ejecución antes de que el beneficio pueda llegar a la población y aun así, si se mantiene la política que siguieron con las empresas mineras, el beneficio para el país sería simbólico. Ojalá que con mentalidad cuadrada en la realidad del país, se diseñen políticas de uso racional de la energía.