Cuando se interrumpió la secuencia de la dictadura militar que comenzara descaradamente en 1970 y terminara “oficialmente” doce años más tarde, se asumió que podría darse el surgimiento y consolidación de una democracia representativa. Unos pocos meses más tarde después del golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, las expectativas se derrumbaron. Hacia agosto de 1983, la expresión de las demandas populares asfixiaban al último militar “impuesto”. Luego vino la constituyente y es en enero de 1986 que comienza “la transición democrática”.

En efecto se abandonó el modelo de fachada electoral que solía terminar en el Congreso de la República, con la “elección en segunda vuelta” de los mandatarios de aquellos años. Ni uno solo de los partidos políticos que aglutinaran el “pensamiento ideológico predominante” en la actual Constitución Política de la República, CPR, existen a la fecha como entidades de derecho público. Han transcurrido 27 años y el último partido político de aquella tríada dominante integrada por el “Movimiento de Liberación Nacional”, la “Democracia Cristiana Guatemalteca” y la “Unión del Centro Nacional”, desapareció hace cinco años, es decir el más longevo logró sobrevivir apenas 22 años después de promulgada la actual CPR. En estos 27 años y siete procesos electorales han existido más de CINCUENTA “partidos políticos”. Ni uno solo ha logrado repetir el ejercicio de gobierno. Evidentemente lo que está mal en este “modelo” de “democracia” guatemalteca es la forma de hacer política partidaria. La representación en consecuencia es una debilidad adicional.

En consecuencia hablar y defender la “pluralidad” política en nuestro país no es más que irse por la tangente o ser demagógico, cuando de lo que se debería de tratar es de auspiciar un auténtico ejercicio de la práctica político-partidaria. ¿Cómo emprender un proceso para consolidar partidos políticos que implique un fortalecimiento real, auténtico, democrático de la participación ciudadana? Ese es uno de los desafíos para comenzar a hablar de reformas del sistema político guatemalteco. Otro aspecto fundamental es el atinente al financiamiento de las campañas electorales. Si como ciudadanos somos proclives y participativos para promover que las eventuales reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos vigente, se oriente en ese sentido, entonces, podríamos estar frente a un escenario que podría cambiar el rostro de las inequidades, injusticias e impunidades en el país.

Idealmente, como están las cosas, la próxima podría ser la última elección con el actual estado de condiciones normativas relativas al proceso electoral, al régimen de partidos políticos, a la representatividad, al financiamiento, al sistema político en su conjunto a la forma de entender la democracia como tal. Aquellos guatemaltecos que se oponen al incremento en el número de diputados, se oponen en realidad a la “forma” en la que actualmente “elegimos” a esos “representantes”. Aquellos guatemaltecos que dicen apoyar la democracia pero que un Congreso con unos 80 diputados es suficiente, como erróneamente planteaban los llamados Acuerdos de Paz, no hacen sino, manifestar su respaldo al actual modelo de elección e ignorar la necesidad de apuntalar la democracia representativa. Y este apuntalamiento de tal modalidad democrática de conducción del poder político, atraviesa necesaria y obligadamente por un incremento en la participación ciudadana, es decir es un absurdo pensar en un régimen auténticamente representativo, si en este no existe un amplio y fortalecido conjunto de condiciones propias de una democracia participativa.

La política es la rectora de la convivencia en sociedad. Sea que la sociedad se desenvuelva en un entorno autoritario o en un entorno dictatorial o en un entorno democrático. De la ciudadanía depende qué tipo de política se habrá de auspiciar, de promover, de consolidar. La conducción política no es sinónimo de imposición. Quien entienda para sí, que la mejor forma de acabar, por ejemplo, con los delincuentes es matándolos, no hace sino propiciar un “florecimiento” de más y más formas de delinquir. Quien impregne su huella mediante la imposición y no por la persuasión, en el ejercicio del poder político se condena a sí mismo a un futuro oscuro, inadvertido, ignorado, sumido en la más severa de las condiciones propias de los sentenciados a la pena capital. Cada día será como su última arrogancia. Cavan su propia tumba. Entierran el futuro, abonan el campo con sus propias atrocidades. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Política sin representación, sin participación, es imposición. Democracia sin política, sin diálogo, sin discrepancia, es autoritarismo. ¿Y Usted, apreciable lector, qué clase de política prefiere para usted mismo, para su familia y para nuestra sociedad?