Mucho se debate acerca de la manera en que debe ejecutarse una política fiscal que se acerque a lo óptimo, o por lo menos encaminarla a lo que podría ser de beneficio para todo el país. Sin embargo, cuando se habla de impuestos –que es tan sólo una parte de la política fiscal–, salen a relucir muchas situaciones y más que todo se denota lo fragmentado que está Guatemala, en donde los intereses de los sectores algunas veces pareciera que son irreconciliables.
Hablar de impuestos es un poco molesto para determinados grupos en el país, más cuando se trata de elevar la carga impositiva para ciertas actividades económicas o tal vez cuando se busca gravar aún más el consumo mediante un impuesto al valor agregado –IVA–; que dicho sea de paso, este último castiga con mayor dureza al consumidor final con menores ingresos. Al abordar temas relacionados con la carga tributaria guatemalteca y paralelamente compararlo con otros vecinos de la región o países con mayor grado de desarrollo, se concluye que la misma es demasiado baja.
Es por lo anterior, que en la mayoría de los distintos espacios de opinión se hace referencia a la necesidad de elevar la carga tributaria, pero, cuando se busca por donde obtener mayores ingresos, empieza el pulso entre los que opinan que debe ser trasladada mayor carga a las actividades económicas con mayores remuneraciones y los que proponen que la clase media asalariada debe seguírsele castigando con este peso. Con la última actualización fiscal, misma que se realizó hace poco más de dos años en Guatemala, desencadenó en un aumento porcentual significativo de la cantidad de impuestos que tributan los asalariados en relación de dependencia con patrono materializado en el Impuesto Sobre la Renta –ISR–, disminuyendo así la capacidad de consumo de la clase media; en contraparte, relativamente –en función al ISR– se reduce la imposición a las actividades productivas, con la consigna de que estas no pueden ser gravadas, puesto que, se trata de una barrera a la creación de empleo si lo anterior se concretara.
La otra parte de una política fiscal es el gasto público, el cual para varios académicos del presente siglo y también del inmediatamente anterior, representa un instrumento de política económica anticíclica. No cabe duda que muchos afirmarán que en Guatemala ese no es el destino del presupuesto de la nación, dado que, el país se encuentra en una constante crisis que se ha vuelto permanente, derivado de los problemas estructurales que como sociedad nos afectan. Entonces al final el presupuesto cumple la función de inyectarle liquidez a una economía, que parece estar opacada por la baja productividad y la poca capacidad de creación de empleo.
En conclusión, la política fiscal óptima, debería estar combinada en primer lugar, por un impuesto coherente aplicado a la producción y al consumo, mismo que facilite el funcionamiento adecuado de la economía y que al mismo tiempo asegure la eliminación de un déficit fiscal. Por otra parte, la aspiración del presupuesto de la nación, sería enfocar sus esfuerzos en darle mayor importancia a los renglones que son vitales para el desarrollo del país, por medio de una calidad de gasto en cada centavo empleado.