Con palabras, ideas y proyectos, combaten contra las pandillas Mientras unos optan por utilizar la fuerza y las armas para combatir a las pandillas, otros, en menor número, prefieren hacerlo con palabras, ideas y proyectos de desarrollo, a través de programas de prevención del delito;

Éste es el caso de los delegados del Ministerio de Gobernación (Mingob) que trabajan en zonas peligrosas, y que aun arriesgando su seguridad y en ocasiones, sin recibir su salario en tiempo, buscan cambiar la vida de los jóvenes rodeados por la violencia y el crimen.

Uno de los principales sueños de Rafael Bernardo Licardí López, delegado para la prevención de la violencia del Mingob, era erradicar la inseguridad de su colonia, El Limón, uno de los sectores más violentos de la zona 18 y de la capital guatemalteca, con una alta proliferación de clicas de pandillas.

Su trabajo era vital y reconocido dentro de la comunidad, y tenía planificado continuar con sus proyectos, pero el 21 de mayo pasado fue asesinado justo cuando caminaba por la colonia, en una situación que todavía no ha sido completamente esclarecida por las autoridades.

Licardí López es descrito por sus familiares y amigos como un hombre de “convicción fuerte”, pues más que recibir un salario para vivir, su objetivo de vida era alcanzar la anhelada paz en uno de los sectores “más rojos” del país.

Sus allegados cuentan que su trabajo era “importante” para la comunidad, pues buscaba evitar que más niños, niñas y adolescentes engrosaran las filas de los grupos delincuenciales que pretendían cooptarlos para participar de sus actividades ilícitas.

“Organizaba campeonatos de fútbol, le platicaba a los jóvenes sobre lo que les convenía, les hablaba de un futuro diferente”, refiere una familiar del fallecido, quien prefiere omitir su nombre, por motivos de seguridad.

Según sus vecinos, Licardí López se esforzaba para procurar un ambiente de paz en la localidad, aun cuando estaba en horario de descanso, pues se le veía todos los fines de semana trabajando por su vecindario.

“Andaba halando patojos por las esquinas. Si los miraba fumar, les daba una pelota. Si los miraba robar, los aconsejaba. Él creía en lo que hacía”, relata una de sus vecinas, entrevistada por La Hora.

PAGOS ATRASADOS

En términos generales, los vecinos de la colonia El Limón describen al fallecido como una persona que prácticamente “trabajaba gratis”, pues el Mingob, tenía varios meses de atraso en los pagos. Pese a eso, a él no le importaba, ya que “ganaba más con su esfuerzo, que con su salario”, indican.

Carlos Gómez, jefe del Departamento de Organización Comunitaria del Mingob, admite que al momento de la muerte de Licardí López, tenían alrededor de tres meses de atraso en el pago, pero el problema se debía a situaciones administrativas. “Sí había un atraso, era en ese entonces de 2.5 meses; en este caso llevaría tres meses, pero por cuestiones de tipo administrativo”, indicó.

Gómez reconoce que Licardí López tenía vocación y daba más de lo que se esperaba en su trabajo. “Rafael Licardí era de esa área -El Limón- y la conocía bien. Era un compañero que apreciábamos mucho y muy querido por su comunidad. El hecho de que él estuviera allí era más que todo por vocación; toda la gente lo conocía y sus actividades iban más de lo que tenía que hacer”, señala.

“Él trabajaba sábados y domingos por la comunidad, le pedían que realizara actividades para los jóvenes y hasta se disfrazaba de Santa Claus los fines de año para llevar alegría; trabajaba en el Centro de Salud, les llevaba música, organizaba actividades deportivas y de prevención, ni siquiera iban dirigidas al tema reactivo”, refiere.

El sentir de la comunidad fue evidente, el 21 de mayo, día del asesinato, cuando vapulearon al adolescente de 17 años, sindicado de atentar contra la vida del delegado. Según las autoridades, el joven fue identificado como miembro activo de la clica Solo Raperos.

Tras la muerte de uno de sus delegados más destacados, el Mingob informa que realizará un diagnóstico para identificar los riesgos que pueden evitar un atentado similar contra otro de sus trabajadores.

Ese crimen también obligó a las autoridades a realizar un análisis sobre la situación de los delegados y subdelegados que se encuentran en diferentes zonas rojas del país, y que podrían estar expuestos a situaciones de riesgo.

DELEGADOS Y SUBDELEGADOS

De acuerdo con Carlos Gómez, a pesar que la política de prevención es fundamental, actualmente trabajan solo nueve delegados y subdelegados de la cartera del Interior en diferentes zonas y municipios de Guatemala.

La función primaria de estas personas es asesorar y colaborar con la identificación de los problemas de cada localidad en materia de seguridad comunitaria y ayudar a buscar una solución; posteriormente se involucran en la implementación de los planes de prevención del delito.

“En estos momentos tenemos alrededor de nueve personas distribuidas específicamente en zona 18, Mixco, Villa Nueva y zona 12. La función de los delegados y subdelegados es básicamente la misma, la única responsabilidad que el delegado tiene una incidencia política con los gobiernos locales, eso significa que tiene que tener contacto con las autoridades locales para la elaboración de políticas de prevención en seguridad ciudadana”, explica Gómez.

Según la información proporcionada, la función de estos delegados es trabajar con los gobiernos locales; por ejemplo, con el alcalde del municipio de Guatemala, a través de los Comités Únicos de Barrio (CUBS) que son la representación de la comunidad en una organización. En otras áreas, el trabajo se realiza con los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes).

Esas organizaciones seleccionan una comisión que puede ser de seguridad ciudadana, de la mujer, de juventud o recursos naturales, entre otras, para que se puedan desarrollar programas en cada localidad.

 El trabajo del Mingob consiste en explicar a estas personas cómo manejar el tema de la prevención de violencia y la seguridad ciudadana, para que la misma población defina su problemática y pueda escoger a las personas idóneas que los representarán.

“La primera función del delegado es la comunicación con las autoridades locales, la identificación de las personas, la formación de las comisiones; el siguiente paso es capacitar, lo más importante es que sepan cuáles son las responsabilidades, los derechos y obligaciones al participar en ese tipo de comisiones, se les da insumos y herramientas en temas seguridad ciudadana: participación ciudadana y planificación participativa”, señala Gómez.

El funcionario indicó que estas personas tienen un salario, pero por seguridad prefirió no indicar el monto.

REESTRUCTURACIÓN

Según el entrevistado, el próximo 18 de junio se fortalecerá el equipo de delegados y subdelegados de la prevención de violencia, pues se sumarán diez personas más y con ello se realizará una reestructuración y un análisis.

“La demanda es bastante, pues la gente está interesada en el tema de prevención. Recuérdese que aquí es prevención no reacción; lo que estamos haciendo es buscar todos los factores de riesgo y disminuirlos para que la gente y la comunidad tengan mejores formas de vida, tratando  cada vez estar mejor”, dice Gómez.

El representante del Departamento de Organización Comunitaria indicó que después de lo sucedido con Licardí López, buscarán una reestructuración y dividirán sus operaciones de acuerdo a la identificación de riesgos por zonas en alto, mediano y bajo nivel.

“Estamos altamente consternados con lo que acaba de suceder y de hecho estamos en un proceso de reestructuración de las políticas de intervención. Una de ellas es precisamente hacer una evaluación y análisis de los riesgos que tiene cada una de las áreas, por ejemplo, la Policía Nacional Civil tiene la incidencia criminal; aquellas áreas que consideramos que son de alto riesgo ya no la vamos a trabajar, nos vamos a ir precisamente donde los riesgos son menores y no hay elementos tan difíciles para que el delegado pueda trabajar, podemos dividir a las comunidades en alto, mediano y bajo riesgo, entonces vamos a trabajar en las de mediano y bajo riesgo”, explicó.

A decir de Gómez, en las áreas de alto riesgo trabajarán los grupos dedicados a la investigación criminal y cuando el lugar sea retomado, se continuará con el trabajo de prevención.

“Allí ya le toca en todo caso a las instancias de gobierno que tendrán que entrar de otra manera en esas áreas, investigación criminal, la policía, para poder retomar esas áreas, una vez que ya se tengan recuperadas, ya podría entrar la prevención”, concluyó.

El Viceministro de Seguridad, Julio Rivera Clavería, refirió que aunado al trabajo del Tercer Viceministerio, va el refuerzo de la seguridad y la evaluación constante del proyecto.

“Es necesario tener un control más estricto, sobre todo de patrullajes de la Policía y de la investigación constante, para determinar cómo va funcionando”, dijo.

SEGURIDAD INTEGRAL

Carmen Rosa de León Escribano, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), explica que los riesgos son latentes en los diferentes trabajos de prevención del delito, aunque principalmente en las zonas del país con alta proliferación de pandillas, por lo que propone mejorar la seguridad en general de los delegados.

“Quienes trabajan en este tema, saben que conlleva riesgos y es bastante difícil. Allí sería el caso de los policías y los funcionarios, que de alguna forma enfrentan ese tipo de problemas. Creo que sería necesario el mejoramiento de la seguridad, en general, como un mecanismo para que todos podamos realizar nuestro trabajo de una forma efectiva, porque todos los trabajos tienen riesgo, sobre todo en este tipo de zonas geográficas del país, tiene más dificultades, por la incidencia de los grupos criminales en la comunidad”, destacó.

Verónica Godoy, directora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (IMASP), por su parte, propone un análisis integral del trabajo que realizan estas personas, así como buscar medidas de protección necesarias para ellas.

“Creo que las medidas de protección que se les pueda dar a las personas es muy importante, esto debería marcar una alerta -el caso de Licardí López-, porque anterior a esto no había pasado una cuestión tan grave, no se había visto esta parte, esto da una alerta para que se tomen medidas diferentes de acuerdo a los casos, en lugares tan conflictivos y allí se tiene que hacer una evaluación muy profunda”, resalta Godoy.

La profesional concluyó en que lamentablemente las autoridades actúan después que suceden tragedias, aunque opina que la administración actual aún es reciente.

“Desgraciadamente esto es algo que se mira cuando pasa una tragedia, ciertamente las autoridades son recientes, pero eso es algo que se debió haber ido contemplando con anterioridad, porque cuando el delegado vive en un lugar donde es parte de la estructura social de un área conflictiva, el riesgo es mayor, pero como le digo, lamentablemente sucedió algo tan trágico y esto llama a la reflexión”, opinó.