Al menos cuarenta policías bolivianos permanecían este jueves como rehenes de pobladores de la sureña de Yacuiba que el miércoles se tomaron y saquearon las instalaciones de una estación de bombeo de gas de la empresa holandesa Shell.
Una tensa situación se vive en esta población, 1.200 km al sur de La Paz y en la frontera con Argentina, en un conflicto que entró en su cuarto día por la disputa entre dos comunidades por los derechos sobre el campo gasífero Margarita, uno de los más grandes de Bolivia.
Los policías habían sido enviados para contener las protestas frente a la estación de Transredes -filial de la Shell- pero los pobladores los pasaron, ingresaron, saquearon las instalaciones, incendiaron dos vehículos y tomaron a los uniformados como rehenes.
Según el gobierno central son 40 los policías que están retenidos por los pobladores, aunque los dirigentes de la protestan estiman en 73 su número y algunos medios de prensa hablan incluso de 200.
El gobierno no pudo informar si se mantiene el suministro de gas a Argentina aunque sí está suspendido el flujo del energético a Tarija, ciudad de 140.000 habitantes, capital del departamento del mismo nombre, que -de no haber una pronta solución- podría ver cortada la energía eléctrica en las próximas horas.
Otra estación de bombeo, en la vecina población de Villamontes, también es asediada por pobladores, que exigen el cierre de las válvulas.
Adicionalmente, pobladores han cortado las rutas en al menos cinco puntos de carreteras que van desde Bolivia hacia Argentina y Paraguay.
Las autoridades civiles y ediles de Villamontes anunciaron una reunión para evaluar la crisis y considerar un llamado a negociaciones formulado por el gobierno para el viernes en La Paz.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, no pudo precisar este jueves en una entrevista con la televisión privada si está en riesgo la válvula de bombeo de gas a Argentina, aunque confirmó que unos 200 soldados llegaron al lugar para controlar las instalaciones petroleras.
El conflicto estalló el lunes cuando pobladores de las provincias Gran Chaco y O’Connor, en jurisdicción del departamento de Tarija, cerraron rutas y pidieron, por separado, el cierre de válvulas en el gasífero sur boliviano en un conflicto por la posesión del yacimiento Margarita.
Se trata de una disputa por la asignación de 25 millones de dólares al año, provenientes de la renta petrolera que tras la nacionalización de hidrocarburos dejó en el país 1.600 millones de dólares en 2006.