El 15 de julio, los 26 mil 300 agentes que tienen como mandato proteger a la ciudadanía y sus bienes conmemoran el aniversario 16 de la Policía Nacional (PNC); pese a que su función es una de las más importantes en un sociedad agobiada por la violencia y la inseguridad,

la dignificación parece ser un tema de poco interés para los gobiernos y es por ello que hoy persisten problemas como sedes en mal estado, con deficiencias de operación y ausencia de servicios básicos.

La Hora realizó un recorrido por subestaciones policiales ubicadas en diferentes puntos del país, en donde se observaron las precarias condiciones de trabajo que a diario afrontan los policías.

Aunque existen algunos avances en las condiciones de trabajo, los problemas de fondo siguen afectando la estadía de las personas que tienen la seguridad de Guatemala en sus manos.

En las subestaciones se observa que los depósitos de agua son insuficientes para atender las necesidades básicas, las sedes son alquiladas y los policías están a punto de ser retirados por los atrasos en los pagos de renta.

Por otro lado, persisten los espacios hacinados, insalubres y con las condiciones mínimas para que una persona los habite.

Las comunidades y colonias, en ocasiones, asumen un papel protagónico ante esta situación; los vecinos ceden espacios y buscan mejoras para retener a las fuerzas de seguridad en sus localidades. Prefieren realizar ese esfuerzo y no quedarse a merced de los grupos delictivos que invaden sus territorios, dicen.

De acuerdo con expertos consultados, la falta de dignificación y el trato inadecuado del policía ante la sociedad incidirá en su comportamiento y fácilmente se involucrará en actos de corrupción; por eso, antes de defender a un ciudadano y arriesgar su vida, lo pensará dos veces.

OLVIDADOS

La subestación de San Antonio Las Flores, en Chinautla, que se ubica en el Cantón Los Rouch, alberga alrededor de ocho policías, quienes duermen en literas hacinadas, solo cuentan con un sanitario en mal estado y no tiene ventanas. El ambiente es notoriamente insalubre, pues proliferan los zancudos y las moscas.

Además, el agua es insuficiente; la poca que cae de los depósitos está sucia y empieza a provocar alergia en los elementos policiales.

Por si eso fuera poco, también están emplazados. La advertencia está hecha y los policías pueden ser retirados por el dueño del inmueble si no pagan los dos meses de atraso en la renta, que asciende a Q600.

Antes la Municipalidad de Chinautla cubría esos gastos, pero no lo hace más, explican fuentes de la localidad.

La única autopatrulla policial estuvo descompuesta durante un tiempo, pero fue reparada por los vecinos del sector, quienes argumentan que prefieren absorber los gastos económicos a quedarse sin los policías que deben atender diligencias relacionadas con violencia intrafamiliar, alcoholismo y narcomenudeo.

Hace algún tiempo, un grupo de residentes destruyó la débil infraestructura de la subestación debido a que exigían que se les entregara un detenido, pero como las fuerzas de seguridad no atendieron esa demanda, parte de la sede terminó en peores condiciones de las que ya se encontraba, se indica.

Durante las visitas realizadas, este vespertino comprobó cuando vehículos que provienen de la Subdirección de Apoyo y Logística de la zona 6, proveen a las estaciones y subestaciones de agua potable, pues los depósitos son insuficientes para atender las necesidades de los policías.

“A veces se tardan con el agua, no vienen de inmediato. En una ocasión salimos a una comisión importante al interior del país y tuvimos que irnos sin bañarnos porque el camión con agua no vino rápido. Fue incómodo trabajar de esa forma, pero no nos quedaba de otra”, afirma un policía de una sede de la capital quien pidió no ser citado.

En Villa Nueva, uno de los municipios más violentos del país, se visitaron algunas de las subestaciones que se encuentran en la localidad y se comprobó que durante el día las fuerzas de seguridad atienden las necesidades de la población en un espacio que les concedió el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), pero por la noche tienen que dormir en una casa de alquiler.

Según denuncian, en el inmueble unos 45 policías están hacinados y cuando se suspenden los descansos –por Semana Santa y Navidad- deben compartir la misma cama.

Uno de los representantes del Cocode relató que hace nueve años los policías que hoy están en este espacio dormían en un furgón, pero debido a las condiciones inadecuadas llegaron a un consenso entre la población para albergarlos en dicho espacio.

Los entrevistados agregaron, y fue confirmado por La Hora, que algunas de estas sedes están en proceso de remodelación, pero no todas pertenecen a la PNC sino que son espacios concedidos por la comunidad, las municipalidades y en otros casos son rentadas.

SIN DIGNIFICACIÓN NO HAY CAMBIOS

Verónica Godoy, directora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (IMASP), opina que mientras no haya cambios sustanciales difícilmente la actitud policial será diferente, no solo en el tema de corrupción sino en la moral.

“No solo hablamos de la corrupción, sino de la imagen de autoridad que deberían reflejar ante la población porque esta se debilita, los policías se desmoralizan. Mucha gente que no está involucrada en corrupción pierde esa mística de servicio por esas circunstancias, porque ve que las cosas no cambian de fondo”, dice la profesional.

Godoy reconoce que el abandono de la Policía es histórico y en la actualidad hay algunos avances, sin embargo, no como se esperarían, pues se debe invertir más en la institución y asignarles los fondos de forma directa sin que sean utilizados para otras instituciones como el Ejército.

“Nosotros creemos que todo esto debilita a la Policía, los recursos deben invertirse en fortalecer, en construir esa institución y no irse a otra, realmente la PNC no debería mantener los gastos ajenos a otra institución cuando las necesidades son tantas y tan grandes y como no se resuelve el problema de fondo sigue creciendo”, refiere la entrevistada.

“AVANCES”

Adela de Torrebiarte, comisionada para la Reforma Policial, explicó que conoce los problemas de la Policía y por eso trabaja con su equipo para solventar algunos de los desafíos que enfrenta, pero a pesar de ello hay avances que puede enumerar, como los estudios y eventos realizados.

“Ahora 63 eventos están levantados en Guatecompras para oferta, creo que el martes de la próxima semana (mañana) termina, tenemos 135 estudios hechos desde el año pasado, de esos 63 están ahorita en Guatecompras y se han trabajado seis que van a estar como en dos meses, más 20, más dos de Villa Nueva, yo digo que llegamos a 26, pero hay seis que están en proceso, más las 63 que decía,”, refiere.

Según explica, también hubo remodelación en la infraestructura de la Escuela de Oficiales, fortalecimiento de la Comisaría 14 en la Oficina de Atención a la Víctima, en todas las sedes policiales hay Internet porque no había comunicación, se busca que el día de su cumpleaños los policías tengan descanso y se trabaja en la ley de la carrera policial y modificaciones a la ley orgánica para que los ascensos y salarios queden regulados.

La funcionaria fue consultada para conocer si existe soporte por parte del Mingob para atender las necesidades que ella ha priorizado y respondió que sí, pero recordó el compromiso que todos los involucrados deben asumir.

“El apoyo está, nosotros necesitamos del compromiso de la Policía, del Ministro, del Presidente, para que todos los cambios se den, porque nosotros hemos trabajado con los policías en conjunto, por un lado hay gente que dice que somos civiles reformando a una institución y no, la metodología ha sido muy integral. Creemos que lo que le da sostenibilidad a largo plazo es la ley para que ellos tengan la certeza de que las cosas no van a cambiar porque no debe depender de un gobierno”, reiteró.

De Torrebiarte admitió que del presupuesto asignado, la Cartera del Interior tomó una parte por “necesidades” que atender.

“Un tema es que somos una actividad de la Policía financieramente, tenemos un presupuesto de Q90 millones que nos ha designado el Congreso; aunque se puede decir porque esto es público, nos quitaron Q23 millones –el Mingob-, porque tenían necesidad para unas inversiones, pero no tengo el destino”, explicó.

La Hora buscó la justificación del encargado de la Seguridad, Mauricio López Bonilla, para conocer en qué invirtió los Q23 millones que le correspondía a la Comisión y para abordar los problemas mencionados en este reportaje, pero no contestó a las llamadas realizadas.

OTROS PUNTOS

En lugar de López Bonilla, quien ofreció declaraciones a La Hora, fue el portavoz de esa institución, Guillermo Melgar, quien amplió algunos puntos que se pretendían conocer con el Ministro.

“Por supuesto que debe dársele la estructura adecuada –a los policías- para que ellos tengan un lugar honroso donde presten su servicio, dentro de las cosas de cambio hay dos academias nuevas y se va por la tercera academia y quienes se gradúen permanecerán en el sector donde se graduaron, para estar cerca de su familia, de su gente, de sus vecinos”, refirió.

En otro aspecto dijo que también se trabaja en el ámbito jurídico para evitar que los policías en defensa de la ciudadanía tengan que ir a la cárcel y ser expuestos a compartir con criminales que puedan hacerles daño.

“Se está trabajando en el ámbito jurídico, haciendo un planteamiento para que se concrete en un convenio, en un acuerdo entre las partes al momento de que el policía al disparar haciendo su trabajo no vaya a parar a la cárcel en donde el resto de la pandilla lo reciba y le haga daño”, manifestó.

Melgar expresó que esta propuesta la trabaja el Ministerio “doctrinariamente” para entregárselo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que dentro de poco tiempo los agentes de policía tengan un tratamiento “digno y correcto” al defender a alguien.