El Congreso salvadoreño empezó las consultas para la aprobación de la polémica ley de minería en El Salvador, con las advertencias de organizaciones ambientalistas y de la Iglesia, que piden a los diputados «prudencia» alegando que está en juego la salud de la población.
El debate sobre la ley minera se reactivó en La Asamblea Legislativa (Congreso), luego que se conformó una comisión especial para estudiar un proyecto de ley que, según ecologistas, fue presentada por abogados de las compañías mineras.
«Se comenzaron a escuchar desde la última semana distintas posiciones sobre la Minería y ese proceso se prolongará por dos semanas más. Tal parece que la derecha tiene intenciones de acelerar la aprobación de la ley antes de las elecciones de 2009», declaró el diputado de la comisión especial, Herbert Amaya.
Uno de los primeros en brindar su opinión sobre el tema fue el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz, que consideró inadmisible el uso de cianuro y cadmio para la explotación del oro por considerarlos «tremendamente venenosos» y porque «contaminan los mantos acuíferos».
«Les hacemos un llamamiento (a los diputados) para que tengan la prudencia necesaria, sabiendo que está en juego la salud de todo el pueblo salvadoreño», comentó el arzobispo Sáenz, quien además es un químico-farmacéutico.
Las compañías mineras, para atenuar las críticas, en diferentes mensajes han destacado las bondades que tendría para el país la llamada «minería verde», que con nuevas técnicas reduce los daños al medio ambiente.
«La llamada minería verde no es más que un engaño. Puede haber abonos maravillosos que mantengan la superficie como un campo de golf, pero si el cianuro está en el subsuelo, no tiene nada que ver el verde de la superficie con el veneno del subsuelo», subrayó el arzobispo Sáenz.
Para el religioso, «también es lamentable pensar que se lleven todo el oro y dejen en el país el 3% de los beneficios, parece que no es muy justo, pero eso ya le corresponde a los diputados verlo».
El miembro de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y de la Mesa Nacional Frente la Minería, íngel Ibarra, comentó que la Asamblea Legislativa debe «rechazar la minería metálica y la no metálica» por cuanto el escaso territorio de 20.742 km no lo permite por «el grave impacto» al medio ambiente.
«Nosotros nos aprestamos a rechazar esta semana ante la Comisión legislativa la explotación minera porque contamina en forma irreversible el medio ambiente y daña la salud de las personas», declaró Ibarra.
Según datos de la UNES, los 26 permisos de explotación minera abarcarían un poco más del mil km2, casi un ocho por ciento del territorio nacional de escasos 20 mil 742 km2 y 5.8 millones de habitantes.
Durante la presente semana, la comisión legislativa escuchará la posición que tienen sobre la minería de los ministerios de Economía, Medio Ambiente, precisó el diputado Amaya.