Una serie de cambios a la Ley de Aseguradoras solicitó al Congreso de la República la Asociación de Corredores de Seguros Internacionales en formación. La normativa que el pasado martes fue regresada a comisión a petición de varios legisladores, representa para algunos, limitaciones al libre mercado, pues las aseguradoras extranjeras no podrí­an instalarse en el paí­s.

La Asociación de Corredores de Seguros Internacionales en formación pidió que se modifiquen los artí­culos 3, 4, 92 y 93 de la Ley, pues consideran que la propuesta veda el libre mercado y el acceso de los asegurados a empresas extranjeras, indicó Juan Pablo Olyslager. Los argumentos para pedir estas modificaciones se basan en la desconfianza que existe tras la quiebra de Bancafé International Bank y Organizadora de Comercio.

Olyslager indicó que hay más de 60 demandas penales en contra de corredores de seguros nacionales y sólo tres para aseguradoras internacionales. Asimismo, indicó que las aseguradoras internacionales cuentan con capitales mucho más grandes que las nacionales, lo que respalda la inversión de los asegurados. La asociación se acercó al Congreso a través del diputado oficialista Christian Boussinot Nuila.

Registro en Superintendencia

La iniciativa de ley prevé el registro de compañí­as aseguradoras al tomar en cuenta los antecedentes de los accionistas y solicitar tí­tulos nominales y no al portador, para las acciones. También habrá un registro para los intermediadores autorizados para la venta de seguros y fianzas. íšnicamente los seguros de las empresas registradas podrán ser vendidos en el paí­s, y quien haga lo contrario enfrentará prisión de hasta cuatro años, inconmutables. Las compañí­as internacionales podrán establecerse en el paí­s previo registro en la Superintendencia de Bancos, además, se solicitan fondos de reserva por parte de las entidades para una mayor garantí­a del asegurado.

De regreso a comisión

El diputado Rodolfo Aní­bal Garcí­a de Encuentro por Guatemala, en la sesión ordinaria del 12 de febrero, planteó una moción privilegiada a efecto de que se estudie más detenidamente el proyecto de decreto sobre la Ley de la Actividad Aseguradora, lo que dio como consecuencia que se postergara, ya que fue apoyado por la mayorí­a de los diputados en el pleno. Sin embargo, en aquel momento se desencadenó una serie de intervenciones en el pleno, entre las que sobresalió la del congresista Mariano Rayo, presidente de la comisión de Economí­a, a cargo del análisis de la normativa.

«Hay mucha desinformación; esta ley no propiciará monopolios, ni excluye a las aseguradoras extranjeras. Lo único que hace es proteger a los usuarios, ya que para funcionar esas empresas deben estar registradas y nombrar a un responsable a quien se le pueda reclamar si algo sale mal», expuso Rayo en aquel momento ante el pleno. Los 90 diputados nuevos prefieren conocer la normativa antes de otorgar su voto, situación a la que Rayo siempre ha respondido que emitirá las copias que sean necesarias para que la ley sea aprobada, pues la misma se encuentra en discusión desde hace más de dos años.