Las funciones otorgadas por el presidente de Guatemala, ílvaro Colom, a su esposa, Sandra Torres, considerada el poder detrás del trono, para coordinar varias dependencias del Estado, generó un fuerte rechazo en varios sectores, que ha llevado al gobernante a reducir las atribuciones que le había dado.
Según la Constitución, la primera dama guatemalteca dirige la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep), pero el mandatario la designó para coordinar el Gabinete Socioambiental y el Consejo de Cohesión Social, en el que participan varios ministerios.
El secretario general de la presidencia, Carlos Larios, anunció el martes la publicación de un acuerdo gubernativo donde separa a la primera dama de las funciones del Gabinete Socioambiental, y en la Sosep queda como una figura simbólica.
«El objetivo de modificar ambos acuerdos es desligar a la esposa del presidente ílvaro Colom del examen público, que la hace aparecer entrometiéndose en funciones que le corresponden a personas electas», argumentó el funcionario.
Su designación provocó una avalancha de críticas, toda vez que la primera dama no fue electa para ningún cargo ni es funcionaria, según la Carta Magna, pero con las atribuciones dirigía a varios ministros, algo considerado inconstitucional por varios sectores.
Torres, tercera esposa del gobernante con quien no tiene hijos, es una empresaria de la confección con fuerte carácter, que, según los críticos, es la que lleva «los pantalones» en su relación con el mandatario.
Hija de una alcaldesa del norte del país y directora de la campaña política que llevó al poder a Colom el pasado 14 de enero en su tercer intento, Sandra Torres está considerada por muchos políticos como la mano que maneja los hilos del poder en el gobierno.
Para el presidente del Centro de Defensa de la Constitución, Mario Fuentes, el nuevo acuerdo que modifica las atribuciones de la primera dama sólo cambia en una parte la ilegalidad, pues la misma continúa al frente del Consejo de Cohesión Social, el cual tiene un presupuesto de 300 millones de dólares.
Entre tanto, el mandatario salió en defensa de su esposa al considerar que es atacada políticamente.
«No es un secreto que a Sandra la viven atacando por todos lados, y la queremos cuidar, que no esté expuesta a situaciones que no tienen razón de ser», justificó el gobernante.