Aunque algunos magistrados han argumentado «transparencia» en los movimientos bancarios, la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha sabido detallar la ejecución de la onerosa suma de fondos producto de la inversión en bancos, los cuales ganan un promedio de Q 40 millones anuales por concepto de intereses.

Mientras algunos trabajadores del Organismo Judicial demandan la auditorí­a de esos fondos y otros piden que de ahí­ sea erogado un bono único, a cambio del incremento salarial fijado en el Pacto Colectivo, la presidencia argumenta que esa suma es una reserva de emergencia que utilizarán para pago de salarios.

DEMANDAS

En agosto último, el Sindicato de Trabajadores del OJ suspendió las negociaciones de un incremento salarial retroactivo con la CSJ y solicitó, en lugar de este, un bono único de Q5 mil por empleado judicial, lo que sumarí­a Q40 millones de sus fondos.

Juan Ramón Lau, presidente del Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (STOJ), sostiene que viendo finalizada la posibilidad de que les sea otorgado un incremento salarial, como lo establece el Pacto Colectivo de condiciones de trabajo, solicitaron Q 5 mil como bono único para este año.

Los Q5 mil solicitados a la CSJ erogarí­an un total de Q40 millones de los fondos del OJ; e incluirí­a a los 13 magistrados. El STOJ sostiene que esa suma podrí­a ser erogada de los fondos privativos de esa instancia, los cuales superan los Q500 millones.

CRíTICA

Por aparte, los miembros del sindicato gremial del OJ, o Sindicato Nacional de Operadores de Justicia (SINOJ), tienen, además de las anteriores, otras demandas, como una auditorí­a forense a los fondos privativos de esa instancia.

«El asunto es que los fondos no están sujetos a una fiscalización objetiva porque no existe una Ley que regule su fiscalización, además sólo el presidente y otro magistrado tienen acceso a las sumas reales que son multimillonarias», declaró Victoria Reyes, representante del SINOJ.

La agremiada sostiene que este vespertino ha sido el único que ha mostrado algunos datos de esas inversiones, las que en todo momento califica de «no auditables» ya que los magistrados han guardado cierto hermetismo para referirse a ellos, señala.

Reyes agrega: «son fondos del Estado que no deberí­an estar invertidos en bancos privados, además no existen informes certeros sobre hacia dónde van los millonarios intereses que generan», indica.

FONDOS

Luis Fernández Molina, magistrado de la CSJ, sostiene que los fondos en mención superan los Q 500 millones, pero agrega que de ese monto, el OJ sólo tiene disponibilidad de «mí­nima» parte que podrí­a ser utilizada para pagar salarios debido a los recortes presupuestarios del Ejecutivo.

«La mayorí­a del dinero es de cuentas de terceros, fondos que sí­ tenemos nosotros pero que tenemos que devolver cuando la etapa procesal lo ordene así­», explica el magistrado.

Fernández explicó que de la sumatoria de los fondos privativos, la CSJ sólo dispone de un promedio de 73 millones, lo cuales serí­an utilizados para pago de salarios, en caso de que el Ministerio de Finanzas no devuelva el recorte presupuestario, ya que mensualmente ese organismo eroga Q 55 millones sólo en salarios, indicó.

En base a lo anterior, el magistrado indicó: «Serí­a imprudente, dada la situación de inestabilidad en la asignación presupuestaria mensual del OJ, otorgar un aumento salarial o un bono a los trabajadores, toda vez que ha habido recortes de Q13 y Q31 millones que superan los Q 90 millones, entonces no es prudente hacer una erogación de unos Q40 millones ahora, indicó.