El interventor de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) Allan Marroquín asegura que una resolución judicial deja el camino libre para que se puedan realizar despidos de personal en la institución, mientras que uno de los principales sindicatos insiste en que el emplazamiento en la entidad continúa y mantiene su rechazo al polémico contrato que involucra a una empresa de capital extranjero.

El Interventor de EPQ dijo que la semana pasada recibió la notificación del juzgado, que “resolvió quitar el emplazamiento que recayó sobre la empresa por determinar que el usufructo a la empresa de contenedores no es un conflicto colectivo”.

Sin embargo, el líder sindical Lázaro Reyes tiene otra versión. “El caso sigue en pie, y se está llevando en el Juzgado Quinto de Prevención Social. Sucede que otro sindicato más pequeño de la Portuaria metió un amparo a un juzgado laboral que sí fue rebotado”, explicó.

A la fecha, el usufructo otorgado a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal –con orígenes en la empresa Terminal de Contenedores Barcelona– sigue suspendido, debido a la interrupción del diálogo entre los administradores de EPQ y los sindicalistas, que consideran el contrato como un asunto colectivo.

Marroquín dijo en agosto del año pasado que si los trabajadores no deponían las medidas de hecho y no inician a laborar –porque rechazaban el usufructo–, se levantarían actas y solicitaría que se contrate personal externo para que operara la terminal.

CONTRADICCIÓN
Marroquín afirmó en una conversación con La Hora que “la empresa planteó que esto no es parte del tema laboral sino únicamente el derecho del empleador de dirigir la empresa, así lo entendió el tribunal, que esto no es un conflicto colectivo, que en todo caso podría ser otro tipo de proceso laboral y decidió levantar el emplazamiento de la empresa”.

Al respecto, Reyes dijo que “debido al documento refrendado por el señor Presidente, el usufructo está de momento suspendido por no haber diálogo. Estamos esperando la resolución del juzgado, pero también vamos a meter un documento al señor Presidente para que intervenga en esto”.

En el reportaje “10 reparos en contrato de la Empresa Portuaria Quetzal”, publicado el pasado 21 de agosto en este vespertino, el jurista Carlos Molina Mencos cuestionó que el usufructo estuviera “suspendido”, ya que esta posibilidad no existe en el contrato.

Al respecto, Marroquín afirma que “un contrato no puede considerar todas las variables, el honorario pasaría escribiendo la biblia entera. Tenemos una Ley, en este caso el Código Civil, las partes contractuales forman parte del contrato, el Código Civil claramente lo permite”.

Molina indicó en aquella oportunidad que “eso significa que el contrato del usufructo está vigente  desde el 11 de julio de 2012 y la única forma de poderlo revertir es rescindiendo el contrato de mutuo acuerdo o bien aplicando alguna de las causales”.

CONFLICTOS
Molina apuntó que existen medidas de garantía establecidas en la cláusula 72 del contrato que constituyen la entrega de las garantías por parte de la Terminal de Contenedores Quetzal en el usufructo.

Dentro de las principales a mencionar se encuentra una garantía de cumplimiento de inicio de obra por $1millón 500 mil; otra garantía de cumplimiento de finalización de obras de fase 1 por 3% del valor de la inversión de esa fase, y la garantía de cumplimiento de finalización de obras de fase 2 y 3 por 3% del valor de la inversión. 

Sobre este tema, el Interventor argumenta que “el contrato establece que las obligaciones contractuales no empiezan a surtir efecto sino hasta el momento que se entrega el solar, la entrega del terreno”.

Otro de los cuestionamientos fue la nunca anunciada publicación del usufructo en el Diario de Centro América. “Lo único que requiere la ley es que se realice un acto de registro de la propiedad, este acto en sí mismo es un acto de publicidad”.

Reyes señaló que “nunca fue publicado, eso nos causó varios problemas para actuar, pero ahora estamos peleando el caso en el juzgado”.

En el tema de los impuestos, Marroquín afirma que es el Estado quien debe pagar los tributos del usufructo “La ley de nosotros dice que no estamos sujetos a ningún impuesto, estamos exonerados de impuestos desde el decreto de creación la ley orgánica del EPQ, claramente, dice que nosotros estamos exonerados de servicios, tasas, impuestos relacionados a nuestros activos”.

Por todas esas dudas y la presión del paro laboral en la empresa portuaria por parte de los sindicalistas, el presidente Otto Pérez Molina se vio en la necesidad suspender el usufructo y a crear la mesa de diálogo en agosto del 2012.

Cristhian Castillo, analista socioeconómico, opina que “en el caso Puerto Quetzal, vemos al Estado cediendo a una empresa transnacional, que de alguna medida tenía sus intereses representados en el país a través de algunos empresarios que se prestan para ser finalmente los beneficiados de intereses extranjeros; me parece que la influencia de los actores extranjeros es un autor que define al país”.