Todo parece indicar que Todd Willingham, ejecutado en 2004 en Texas, era inocente: una conmoción en Estados Unidos –donde se administra la inyección letal a un promedio de 50 condenados al año– que da más fuerza a la causa de los abolicionistas de la pena de muerte.
Probar la inocencia de un condenado después de su ejecución es extremadamente raro en Estados Unidos y, según los especialistas consultados, ningún estado reconoció nunca oficialmente haberse equivocado.
El caso Todd Willingham, que tenía 23 años cuando sus tres hijas fallecieron en el incendio de la casa familiar y 24 cuando fue condenado por provocarlo, podría ser una primicia.
«Mientras que nuestro sistema judicial cometa errores, entre los cuales el error último, no podremos continuar ejecutando gente», afirma la asociación Innocence Project, que presentó el caso Willingham ante la comisión de ética del estado sureño de Texas.
Aunque la inocencia del fallecido aun debe ser establecida oficialmente por la comisión, su caso ilustra «el mayor dilema de nuestro país sobre la pena de muerte: ¿estamos dispuestos o no a mantener este sistema sabiendo que inocentes van a ser declarados culpables y ejecutados?», explica Rick Halperin, presidente de una asociación de Texas contra la pena de muerte.
En 1992 Todd Willingham fue condenado por un jurado en base a un informe realizado por expertos locales que trabajaron en el lugar del drama. Murió 12 años más tarde clamando su inocencia.
Su historia, detallada esta semana en una larga investigación del semanario The New Yorker, tiene todos los ingredientes clásicos de un error judicial: ausencia de peritajes, experto psiquiatra que describió a un «sociópata muy peligroso» sin haberlo visto nunca, testigos que modificaron sus declaraciones a favor de la acusación, abogados de oficio incompetentes…
Pero en un informe remitido en agosto a la comisión de ética de Texas, un reconocido especialista en escenarios de incendios concluye, al igual que los hiciesen en 2004 y 2006 otros dos especialistas, que el incendio fue accidental.
Todos afirman que el peritaje de entonces «no basa sobre nada más que un cúmulo de creencias personales, que no tienen nada que ver con una investigación científica de escenas de incendios».
«Este informe es devastador, el tipo de revelación que debería impactar a toda conciencia», escribe el New York Times, haciéndose eco de las decenas de editoriales publicadas desde que se diese a conocer el informe de peritaje.
La cuestión tiene un peso particular, cuando Troy Davis, un negro condenado por el asesinato de un policía blanco, espera su ejecución en Georgia (sudeste) mientras clama su inocencia. Tras escapar a tres ejecuciones previstas, obtuvo de la Corte Suprema en agosto que un tribunal examine nuevos elementos.
Un estudio universitario sobre 800 adultos en California (oeste) muestra esta semana una clara alteración del apoyo a la pena de muerte desde hace 20 años (66% de los consultados hoy frente a 79% en 1989). Además, el 44% dice estar molesto ante la idea de que se pueda ejecutar a un inocente (contra 23% en 1989).
Pero por muy abrumador que resulte el caso de Todd Willingham para los partidarios de la pena capital, las cosas podrían no resultar tan fáciles para los abolicionistas: en una decisión reciente, dos jueces de la Corte Suprema afirmaron que la ejecución de un hombre que haya probado su inocencia seguía siendo «válida» en la medida en que se benefició de «un juicio justo y equitativo».