Una fuerte polémica jurídica y social se ha desatado estos días en la hermana República de Honduras, rechazando la decisión que los diputados de esa Nación tomaron en enero de 2011, al aprobar un estatuto para la creación de las llamadas “Regiones Especiales de Desarrollo” (RED) o “ciudades modelo”, que según el presidente del Congreso catracho y candidato presidencial, Juan Orlando Hernández, uno de los principales impulsores, las define como “una maquila de última generación”.
O una “Zona libre 2.0” según las denomina Michael Strong, responsable del grupo MGK, quien representa los intereses de inversores estadounidenses que quieren empezar a desarrollarlas.
La iniciativa también cuenta con el beneplácito del Poder Ejecutivo, pues según declaraciones de Octavio Sánchez, jefe de gabinete del presidente hondureño Porfirio Lobo, las RED o ciudades modelo, “…son producto de la necesidad de ofrecer desde la institucionalidad una tercera vía de desarrollo (…) y de la voluntad de crear desde cero una región en Honduras donde implementar las mejores prácticas a nivel mundial en cuestiones que Honduras necesita resolver, como sanidad, educación, justicia y seguridad”.
Esta misma semana, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, mediante sentencia, declaró la inconstitucionalidad de las RED por ser ciudades privadas con sus propias leyes, sistema judicial, gobierno, Policía, recaudación de impuestos, autonomía en política monetaria y cuestiones migratorias. En la sentencia citada los Magistrados constitucionales sostienen que, “las inversiones extranjeras que se esperan captar implican para el Estado de Honduras enajenar el territorio nacional lo que expresamente prohíbe nuestra Constitución”, ya que según la sentencia, su construcción significa que, “se habrá privatizado el Estado de Honduras y por tanto habrá desaparecido como tal para dar paso a una gran corporación mercantil”. Los Magistrados también sostienen que las RED, “cercenan el territorio y violentan la Soberanía pues el pueblo (único soberano) dejará de ejercer su autoridad en tal circunscripción”, también consideran que se contrapone y viola derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de ese país. La sentencia también indica que las “ciudades modelo”, “son una forma particular de expatriar a un sector de la población que al ubicarse dentro de una RED queda fuera del Estado originario de Honduras”.
Los Magistrados constitucionales alegan que la exposición de motivos expresada en la iniciativa es, “constitutiva de traición a la Patria de responsabilidad imprescriptible”, sostienen además, “que todos estos elementos son constitutivos del Estado y no pueden ser reformados sin entrar en un proceso de autodestrucción”.
El jurista Oscar Cruz, exfiscal de defensa de la Constitución del Ministerio Público y uno de los profesionales que impulsó el recurso de inconstitucionalidad, calificó la sentencia de “un paso adelante, pero no definitivo en la defensa de la Soberanía nacional”.
Debido a que la votación de los Magistrados fue por mayoría (4 de 5) y no por unanimidad; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, tendrá que convocar al pleno de Magistrados hondureños (15 en total) para que conozcan la resolución de la Sala de lo Constitucional y resuelvan en definitiva a favor o en contra.
Traigo a cuenta esta polémica creada en Honduras, para advertir a la ciudadanía guatemalteca, a efecto de estar atentos a cualquier iniciativa similar que no sería extraño se pretendiera impulsar a futuro en el país.
(Con información de The Associated Press).
P.S. ¡Mucho cuidado con las iniciativas neoliberales estadounidenses y sus lacayos locales que ahora quieren privatizar hasta territorios ajenos, pertenecientes a los Estados libres y soberanos!