Analistas consideran que, se pierde la oportunidad de discutir sobre el conflicto armado interno con el tono de conflictividad y polarización que algunos sectores quieren dar al juicio por genocidio. Por aparte, familiares de víctimas de la masacre en el área ixil demandaron justicia ante la Corte de Constitucionalidad y familiares de los militares buscaron más firmas para apoyar a los acusados.

José Efraín Ríos Montt, y José Mauricio Rodríguez Sánchez enfrentan juicio por genocidio y deberes contra la humanidad, por la muerte de 1771 indígenas del área ixil. En torno al proceso han surgido diferentes opiniones; dentro de estas que el debate pone al país en riesgo de conflictividad. 
Sin embargo, otras opiniones contrastan.

La activista Helen Mack acotó que “al esconder la verdad y mantenerse como si no sucedió nada, únicamente se mantiene el conflicto”.
“Se firmaron los acuerdos de paz pero solo implementaron los acuerdos operativos, no los sustantivos y hoy la problemática vuelve a surgir porque no se atendieron esos problemas”, agregó.

Por su parte Frank LaRue, relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), opinó que demandar justicia es un acto legítimo en una sociedad democrática, y nadie puede argumentar que pedir justicia por cualquier delito es malo porque genera conflictividad o ingobernabilidad”.

“La tensión la genera la intransigencia con la que se ven las cosas en Guatemala y con la que se ha manipulado el sistema de justicia, porque también esto demuestra que la justicia ha funcionado solo para las élites urbanas y no para el pueblo, porque cuando un pueblo pobre como el pueblo ixil pide justicia, se escandalizan y se rasgan las vestiduras”, indicó.

Por otro lado, criticó las opiniones de quienes señalan que se amenaza la paz, “al contrario, de qué paz hablamos”, se cuestionó y agregó que “la paz se debe basar en la garantía de la verdad y la justicia”.

En tanto, Héctor Reyes del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)  dijo que no sé está tratando de polarizar un juicio, ni de poner a dos sociedades en conflicto. “Lo que tratamos es el acceso a la justicia de las miles de víctimas del conflicto armado interno”, indicó.

PIDEN JUSTICIA
Mientras tanto, familiares de las víctimas, activistas en derechos humanos y miembros de las organizaciones querellantes en el juicio contra Ríos Montt, se reunieron frente a la Corte de Constitucionalidad para demandar justicia y que se retome el debate.

Por su parte, familiares de los militares procesados buscaron reunir más firmas criticando conducta del Tribunal que diligencia el proceso. Anteriormente presentaron 10,200 ante la Corte Suprema de Justicia.