La Federación Internacional de Derechos Humanos indicó que si el próximo año no se reactiva el proceso judicial por genocidio contra el general Efraín Ríos Montt, el caso sería llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el riesgo de que el Estado de Guatemala sea sancionado.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentó hoy su informe de observación del juicio en contra de José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.

La entidad instó a la Corte de Constitucionalidad (CC) a reformar su decisión de anular la sentencia por genocidio y delitos de deberes en contra de la humanidad, pero de continuar entrampada, la causa podría ser llevada ante la CIDH, advirtieron.

En el informe, dado a conocer esta mañana, la FIDH resaltó que la sentencia dictada el pasado 10 de mayo por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, que encontró culpable a Ríos Montt, exjefe de Estado, por la masacre cometida contra la población ixil,  hizo justicia e historia en Latinoamérica.

Esto porque según la entidad el juicio representó una victoria simbólica y política; un testimonio de la resistencia y coraje de las víctimas “quienes después de tres décadas de impunidad institucionalizada y negación oficial de los hechos, se atrevieron a denunciar ante un Tribunal la violencia sistemática desplegada por el Ejército”.

IMPUNIDAD

Pese a considerar positivo el diligenciamiento del proceso, la organización criticó que la decisión del 20 de mayo pasado, donde tres de cinco magistrados de  la CC ordenaron anular la sentencia junto con una parte del debate, “es una prueba más de la impunidad de la que han gozado durante años los altos cargos del país”.

“Ciertos grupos de poder, vinculados a las poderosas élites económicas del país, presionaron a la CC para que anulara la sentencia, extralimitándose en sus funciones y en clara violación de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, señala una parte del informe.

La Federación subrayó que el desenlace del juicio “representó una derrota legal y jurídica, así como evidenció las debilidades del Sistema de Justicia y de la democracia misma en Guatemala”.

QUE RECAPACITE

De esa cuenta la FIDH instó en su informe a que la CC reconsidere y reforme su decisión, para que mantenga vigente la sentencia condenatoria a Ríos Montt, al considerar que la anulación del fallo “representa una flagrante violación del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes internacionales”.
En una parte del análisis del caso, la FIDH mencionó que la anulación de la sentencia, también demostró que «los poderes fácticos continúan teniendo mucho poder en Guatemala».

La organización además exhortó a la máxima instancia constitucional del país, a que resuelva con celeridad los amparos y recursos pendientes en el caso. Por último, emitió una serie de recomendaciones, para que a partir de la experiencia en proceso por genocidio se fortalezca el Sistema de Justicia.