La segunda reactivación del indulto presidencial puso de nuevo sobre la balanza de la opinión pública la efectividad o no de la aplicación de la pena de muerte en Guatemala: las mismas preguntas siguen siendo formuladas y las posturas contrarias exhibidas, pues para algunos ese tema implica un retroceso humano y para otros el único remedio ante la violencia que cada día cobra más y más vidas en el país.
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Por un lado, la postura de diversas organizaciones nacionales e internacionales a favor de la defensa de los derechos humanos ha manifestado una férrea oposición a la pena capital, la cual se dejó de aplicar en el año 2000 en muchos países del mundo.
Sin embargo, existe también una postura que asegura que aun está vigente en la Constitución de la República y que su aplicación sería un disuasivo, que ayudaría a reducir los altos índices de criminalidad que actualmente permanecen en el país.
A nivel internacional, por ejemplo, la tendencia es abolicionista, pues el 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución a favor de una moratoria en la pena de muerte en todo el mundo; esta fue adoptada por una amplia mayoría de países: 104 votaron a favor, 52 en contra y 29 se abstuvieron.
Pero ¿cuál es la realidad sobre la aplicación de la pena de muerte más allá de alguna estrategia política o de una estrategia del Organismo Legislativo, para que ese tema ocupe de nuevo la mirada de la opinión pública en Guatemala?
Los argumentos siempre han sido los mismos, unos contrarios a otros; sin embargo, los números también son un referente en estos casos, por lo que a continuación se presentan las cifras a nivel mundial respecto a la aplicación de la pena capital.
ACERCAMIENTO
Según Amnistía Internacional (AI) en su informe publicado el pasado marzo de 2010: hasta el 31 de diciembre de 2009 había al menos 17 mil 118 personas condenadas a muerte en el mundo.
Sin embargo, esa entidad estima que la verdadera cifra es superior ya que no hay disponible información completa de países ejecutores como China, Egipto, Irán, Malasia, Sudán, Tailandia y Vietnam.
Según el informe de AI «en varios países del mundo se ha seguido matando legalmente a personas con métodos de ejecución diversos», entre ellos se señala: la horca utilizada en 2009 en lugares como: Bangladesh, Botsuana, Corea del Norte, Egipto, Irak, Irán, Japón, Malasia, Singapur, Siria, Sudán; el disparo utilizado en China, Libia, Siria, Vietnam, Yemen; la decapitación usual en Arabia Saudí; la lapidación en Irán; la electrocución en Estados Unidos; y la inyección letal en China, Estados Unidos y Tailandia.
Sin embargo, en 2010 el pelotón fue utilizado de nueva cuenta en Estados Unidos, en el estado de Utah, y en Irán siguieron dictándose condenas a lapidación; agrega el informe.
El documento también refiere que las lapidaciones fueron aplicadas hasta el 15 de agosto de 2010 en Afganistán, en un área controlada por los talibanes, en los alrededores de Kunduz y que durante 2009 se constató el empleo con fines políticos de la pena de muerte, es decir, aplicada a opositores de los partidos de turno o para influir en la opinión pública en países como China, Irán y Sudán.
CIFRAS
En Irán fueron ejecutadas en el último año 388 personas, según AI. «En las ocho semanas posteriores a las elecciones presidenciales del 12 de junio, 112 personas fueron ejecutadas», indica el informe.
En 2009, Arabia Saudí ejecutó a 102 personas y Pakistán a 36. En Estados Unidos, se realizaron 37 ejecuciones en nueve estados; «mientras que en Sudán la aplicación de la pena de muerte siguió marcada por deficiencias y arbitrariedades judiciales, y a menudo se basó en juicios sin garantías y en pruebas obtenidas bajo tortura, y se utilizó como medio para controlar la oposición política en el país», señala el reporte de AI.
Irán y Arabia Saudí son los únicos países en los que se ejecutaron a menores de edad. Los métodos de ejecución utilizados para llevar a cabo las condenas son: el ahorcamiento, el arma de fuego, la decapitación, la lapidación, la electrocución y la inyección letal.
ABOLICIí“N
En cuanto a la abolición de la pena de muerte AI refiere que la tendencia hacia ella «a escala es imparable»; pues más de dos tercios de los países del mundo han abolido ya la misma tanto en la ley como en la práctica.
Los últimos datos de los que dispone AI refieren que 95 países y territorios han abolido la pena de muerte para todos los delitos; 9 la han suprimido para todos los delitos salvo los excepcionales, como son los cometidos en tiempo de guerra; mientras que 35 son considerados como abolicionistas de hecho, es decir que mantienen en su legislación la pena de muerte pero no han llevado a cabo ninguna ejecución en los últimos 10 años o más y se considera que tienen como norma de actuación o práctica establecida no llevar a efecto ninguna ejecución.
Lo anterior supone que un total de 139 países han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica; sin embargo, 58 mantienen la pena de muerte, aunque el número de los que realmente ejecutan a presos en un año determinado es mucho menor.
APLICARLA
Manuel Baldizón, diputado y uno de los principales promotores de la aplicación de la pena de muerte, explica que en Guatemala es la Constitución la que «legalmente» regula que esta es aplicable para varios delitos.
«Creo en la justicia y en la ley, existe una Carta Magna que nos regula, no hablamos de algo nuevo; existe y tenemos que utilizarla ante esta crisis, en el país hay que hacer hablar de seguridad ya», declara enérgico el diputado.
Baldizón fue cuestionado sobre las cifras antes expuestas sobre la abolición de la pena de muerte en una gran parte de países del mundo, a lo que respondió: «No hay que perderse, el globo es grandísimo, Europa tiene cientos de años más, cuánta cultura no tienen ellos más que nosotros, no podemos hablar de un Estado de Francia o España y compararlo con Guatemala donde la culturización y las relaciones son a un nivel de salvajismo; a la gente la violan, le sacan los intestinos…».
Tras comparar a Guatemala con Estados Unidos, país que según el diputado «está en la punta del desarrollo del mundo», se le preguntó a Baldizón si cree que una persona que mata reflexiona sobre un castigo como la pena de muerte, y respondió: «Yo soy un jurista y tengo que actuar como jurista científico del derecho conocedor de la norma, quiero que le pregunte a doña Juanita a la que le asesinaron a sus tres hijas y las metieron en un tonel y cuyos asesinos comen a costas del Estado, qué piensa ella».
Baldizón recordó finalmente al psicólogo Iván Pavlov, y su experimento llamado «reflejo condicionado» -el cual practicó con perros-, que explicó así: «cuando a una persona se le infunde reflejo a ciertas acciones otras ya no lo hacen, sirve de ejemplo, para que ya no lo hagan y la población le tema», además criticó a las organizaciones que se pronuncian a favor de la abolición de la pena capital.
DERECHOS
María Eugenia Morales, Procuradora Adjunta de los derechos Humanos, opina sobre el tema que es debatido «más que nunca en tiempos electorales», y que son exhibidos como un ofrecimiento a la reducción de los índices de inseguridad.
Sin embargo, la procuradora adjunta refiere que: «No hay una posición racional al respecto, los que la exhiben no reflexionan en que no es un disuasivo suficiente. En Guatemala es una ley, pero es preciso tomar en cuenta que por parte del Ejecutivo no ha habido responsabilidad para tomar decisiones respecto a otras vías para erradicar la violencia».
Morales explica que existen pronunciamientos internacionales en los que ha quedado probado que los efectos de la aplicación de la pena de muerte no son disuasivos.
«Por ejemplo, una vez trabajé en un estudio sobre pandillas y supimos que para entrar a una clica la prueba es eliminar físicamente a personas y tan reiterado se hace que ya el sujeto activo siente como un placer en ejecutarlo, la adrenalina en el cuerpo es una emoción similar a la de una droga o estado eufórico, entonces, una persona con esos niveles de violencia no ve su muerte como un motivo de detención para no realizar un acto de esa naturaleza», resalta.
Finalmente, la experta en derechos humanos contrasta en cuanto a la aprobación ciudadana de la pena de muerte, pues considera que aunque habrá quienes la apoyen, la reacción más común es una oposición a un sistema legal que no controla humanamente la justicia.
«No basta con ver la delincuencia en números, hay que ver a los hijos de nadie, a los trabajadores que están en la calle, quienes tienen condenados a sus hijos a la miseria y a la falta de derechos económicos y sociales; jóvenes buscando una familia y con pena de muerte no se da la solución», añade.
¿Cuál es el panorama para la pena de muerte en Guatemala?
Lo deseable sería que el Congreso iniciara una estrategia para abolirla y buscar otras alternativas que ya existen para el tema de lucha contra la violencia.
¿Cuáles?
Me refiero a aprobación de las leyes propuestas por la CICIG, como la de Extinción de Dominio y otras, es decir que la pena de muerte no es una solución para Guatemala para reducir los índices de homicidios y asesinatos.
Pero en el mundo hay un total de 17 mil condenados, ¿por qué?
Notará que en el mundo la lucha por la abolición de la pena de muerte ha sido gradual y ha sido un proceso que ha dejado que la humanidad llegue a tomar conciencia de que la pena de muerte no es una solución, y por esa razón es que aún existen países que consideran que la pena de muerte debe de ser mantenida, pero las estadísticas demuestran que son más de 130 países los que han establecido una política abolicionista y son pocos los que aún la aplican.
¿Cómo se ha ido dando la abolición?
Los países que entraron en el cauce abolicionista se dieron cuenta que la sanción efectiva para combatir los índices de homicidios y asesinatos, y no sólo la conciencia ha evolucionado sino el derecho internacional, paralelamente, y este ha establecido un compromiso con la abolición de la pena de muerte. Desde 1989 se aprobó un protocolo para la abolición y en el sistema Interamericano fue a inicios de los 90 cuando en la Asamblea de la ONU, todos los Estados se comprometen a la abolición, incluyendo a Guatemala. Lo que saco como conclusión es que tanto los índices como las políticas mostraron que lo más efectivo era establecer políticas de lucha contra el crimen organizado y estas son las políticas de seguridad democrática, son una alternativa a la imposición de la pena de muerte, por otro lado, estos países consideraron que lo más importante no era la aplicación de la pena sino el tener un sistema de justicia capaz de aplicar las sanciones que garantice certeza jurídica a la población.
En la Constitución sigue vigente la pena de muerte.
Sí, lo importante de la Constitución es que sí la establece pero con límites; la misma faculta al Congreso para abolirla, los constituyentes en 1985 de una vez establecieron una posición abolicionista, es una intención porque facultaron al Congreso para abolir la pena de muerte, con límites pero con un facultad muy concreta y es la de abolirla, no para ampliarla, o para relegarla a otros delitos. Hay dos opciones: la pena de muerte es llevarnos a más violencia ¿Para terminar con los que matan debería el Estado de matar?, la otra opción es fortalecer el sistema de justicia.
Pero eso es algo que no se ha hecho en mucho tiempo.
Tampoco la violencia va terminar de un día a otro ejecutando a todas las personas que hayan cometido un delito.
¿Podría funcionar como disuasivo?
Definitivamente no. Podemos ver que en Europa la pena no se aplica y los índices han bajado considerablemente. Definitivamente no es disuasiva.
¿En qué debería invertir entonces el Estado en su lugar?
Primero tiene que tomar la decisión de depurar el sistema de justicia, y tomar la decisión de fortalecer a las instituciones del sistema, pero estas medidas tienen que ir acompañadas con prevención del delito y políticas concretas de seguridad democrática. Los Acuerdos de Paz planteaban la ruta: de un sistema autoritario debemos pasar a un sistema democrático.
Pero un grueso de la ciudadanía pareciera estar a favor.
Por eso es importante explicarle a la población mediante campañas cuáles son las acciones que el Estado va adoptar para bajar los índices; esas medidas deben ser educativas, para que los niños crezcan con una conciencia hacia la pena de muerte, conciencia que no es un disuasivo para acabar la criminalidad y homicidios.