En alusión a la precariedad de los que alcanzan el poder polí­tico

Julio Donis C.

Transcurrimos en una realidad en la que acechan los instrumentos del poder y del dinero, en detrimento de los valores y principios que ordenan las relaciones sociales y polí­ticas. Son tiempos grises para la institucionalidad democrática y para algunas de sus instituciones como el Congreso, aunque ha habido mayor oscuridad en otros momentos y los hechos actuales no son nuevos sino más especializados y más grandes.

El cambio social no es lineal y si bien la llegada de la democracia trazó una ruta de desarrollo polí­tico para este paí­s, a la que por cierto llegamos tarde, la realización de la polí­tica y del poder polí­tico en la dimensión del Estado, así­ como sus respectivas formas pervertidas, han sucedido en ciclos de tiempo histórico. El que vivimos es un ciclo que empezó con la paz firme y duradera, aunque esos apellidos suenen hoy dí­a completamente vací­os.

Fragilidad

Las consecuencias y daños a la institucionalidad del Congreso, como cauda del suceso que se dirime en los medios y en el sistema de justicia, en relación a los dineros públicos que fueron a parar a las arcas privadas de la bolsa de valores MDF, demuestran la fragilidad y la relatividad de los pilares axiológicos que en otras sociedades, son columnas fundamentales e incorruptibles. En Guatemala, valores como el respeto al disenso, la responsabilidad, el respeto a los consensos, la tolerancia, la verdad, la confianza y la vida misma, parecen ser las primeras ramas que se lleva el ventarrón de la corrupción.

Parecen más valores de bolsa que se transan o se desechan, que de ética como pilastra de la intermediación social. Ciertamente la moral no alcanza si no hay un régimen de sanciones que obligue al comportamiento, sin embargo la justicia debe actuar de inmediato y la ética conforma una lógica de vida para que el sistema castigue y ordene de oficio. En este escenario la muerte polí­tica de algunos diputados, el despido de funcionarios o el debido enjuiciamiento de otros que se entregan, no alcanza para limpiar el vidrio empañado de la polí­tica.

El sector privado también

Este vací­o también atañe al mundo de lo privado. El sector empresarial navega con la bandera de la eficiencia y la transparencia, pero la verdad es que sus barcos están llenos de piratas que despojan este paí­s. La coherencia en los valores debe integrar el comportamiento de la vida pública y la vida privada.

El planteamiento de fondo es la aspiración nada fácil, de conseguir que el liderazgo que accede al poder polí­tico demuestre coherencia y ética. El asunto es tan importante que se trata de que la ética permee el poder a riesgo que la humanidad se pervierta completamente. Esta pretensión ha sido fallida en la historia y no ha habido excepciones ni en la izquierda ni en la derecha. Tal parece que el viejo anarquismo es el que ha dictado la norma, el poder corrompe y el poder total corrompe de manera absoluta.

Resalto una definición de Poggi sobre el poder polí­tico que guiará las reflexiones posteriores que son más bien preguntas; éste concibe al «poder» como una «relación social (que involucra a más de dos partes individuales o colectivas) en las que deberí­a existir una confrontación más o menos manifiesta entre los intereses de las partes y en la que una de ellas está en condiciones de actuar de acuerdo con sus intereses, limitando o eliminando la capacidad del otro para alcanzar los propios.» El poder entonces está ejecutado por una entidad individual o colectiva que aventaja a quien no lo tiene, lo cual supondrí­a determinadas condiciones éticas y morales de comportamiento, que aseguren un equilibrio entre poderosos y desprovistos.

Tres interrogantes

Bajo estas condiciones de desigualdad inherentes a la naturaleza del poder polí­tico, se imponen tres cuestionantes como indicaba, y que se aplican a la Guatemala de hoy pero también se aplican a la vida privada y la lógica empresarial, obviamente al estado autoritario o al estado militarista, y que expresan muy bien las razones del desgaste institucional. La primera: ¿mayor poder implica menos ética? La historia de este paí­s aporta suficientes expresiones para confirmar esta pregunta. No voy a repasar lo ocurrido en el Congreso porque está más que expuesto en la opinión pública. La concentración del poder en una instancia como la presidencia del Parlamento, o la presidencia de un paí­s, o la gerencia general de una empresa o el liderazgo máximo de un partido polí­tico, supone acumulación, como dije, y la misma es inversamente proporcional al comportamiento ético que supone una responsabilidad que involucra colectivos, sobre los que recaen consecuencias.

La segunda pregunta ¿entonces, si el camino del poder polí­tico es opuesto al de la ética, esto pondrí­a en peligro el régimen polí­tico, en este caso la democracia? Mi respuesta es un rotundo sí­, y aludo al llamado Código de í‰tica Multipartidario Permanente suscrito por los partidos polí­ticos a principios del 2007, que apuesta por un reconocimiento a las responsabilidades sobre sus acciones en la polí­tica pública. Sé que el Congreso por su lado también tiene un instrumento similar pero guarda su promoción.

Y finalmente, ¿dónde hay menos ética, en la polí­tica o en la empresa privada? Para este caso, propongo otra pregunta antecesora: ¿es la sociedad guatemalteca un colectivo que se ha forjado sobre valores y principios, que desarrollen ciudadaní­a, humanidad, respeto a la diversidad, inclusión y respeto a la vida? Definitivamente no, porque somos un pueblo precario y precarios son tanto sus polí­ticos como sus empresarios; con las excepciones de rigor esta tierra está pervertida por poderes que no se sustentan en un manejo responsable de lo que significa, la posibilidad de aventajar al otro sobre una dinámica que apunte en todo caso a la construcción de ciudadaní­a.