La conferencia ofrecida ayer por Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en la que presentó pruebas sobre el plan de desprestigio en su contra y la vinculación del Fiscal General, evidenció, además, la presencia de los poderes oscuros en las decisiones en las instituciones del Estado, opinan analistas.
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La CICIG surge con la necesidad de atacar a los poderes paralelos, y ayer se evidenciaron en pleno en la explicación de Castresana, quien, durante su intervención, señaló a ciertos sectores empresariales y dentro de las instancias del Estado. Sin embargo, a criterio de expertos, eso sólo es la punta del iceberg.
Eduardo Stein, ex vicepresidente de Guatemala y uno de los principales impulsores de la CICIG, calificó de «gusaneras» a los poderes oscuros, que desde antes de que entrara en vigencia, se evidenciaba el rechazo por la comisión internacional.
Los actores vinculados al plan de desprestigio contra la CICIG, mantienen sus vínculos, tal como demostró Castresana, dentro de las instituciones del Estado, universidades, sectores empresariales, medios de comunicación, abogados litigantes, aparato de justicia, entre otros.
Y, de nuevo, el caso Rosenberg se convierte en el paradigmático para evidenciar la impunidad, ya que, no hay que olvidar, que los hermanos Valdés Paiz, quienes son señalados de estar detrás del plan de desprestigio, están acusados del asesinato intelectual del abogado.
PODERES PARALELOS
Javier Monterroso, analista sobre temas de justicia y seguridad del Programa de Fortalecimiento a Organizaciones Sociales (FOSS), señala que estos poderes son paralelos y operan en el sector seguridad desde el conflicto armado interno.
Luego al momento de la transición democrática, no hubo una transición democrática de la justicia. Durante la guerra interna, la impunidad era uno de los factores que favorecía la injusticia. Sin embargo, no ha habido un proceso para mejorar al sector.
El poder judicial, durante la transición democrática, se vio cooptada por grupos interesados en mantener la impunidad de crímenes de guerra, según se advierte del análisis de Monterroso, quien asegura que no es nada nuevo porque se vive hace muchos años donde están involucrados militares, el sector económico y los colegios profesionales.
Los hechos presentados por Castresana ayer son evidencia del vinculo del sector económico en el sistema de justicia, lamentó el analista del FOSS; además, dijo que una fuerte cantidad de dinero utilizado para estos intereses son el capital emergente que proviene del contrabando, la trata de personas, el tráfico de armas y, principalmente, el narcotráfico.
GRUPOS DE PODER
Alejandro Giammattei fue consultado por Diario La Hora, en su calidad de ex director del Sistema Penitenciario. Con base en esa experiencia, analizó que los problemas que estamos viviendo en Guatemala se deben a la falta de justicia, y que ésta promueve la proliferación de estos grupos para el servicio personal de los grupos de poder.
De acuerdo con Giammattei, hay varios grupos de poder, los cuales han sido señalados por la CICIG; entre éstos, hay un fuerte vínculo como algunos bufetes de abogados que se dedican a adopciones ilegales, donde también interfieren abogados, políticos, sector privado y militares.
Idivunia Hernández, analista en materia de seguridad, señala que los miembros de agrupaciones de la sociedad civil nunca dudaron de las afirmaciones del titular de la CICIG, y ahora, con las pruebas presentadas, las personas que requerían estas evidencias deben estar satisfechas.
Al mismo tiempo, Hernández señala que reiteran su apoyo a la CICIG y solicitan a la sociedad la vigilancia y a quienes integran la Comisión de Postulación para que se inhiban de conocer el proceso nuevamente.
«Se puede ver por el lado negativo y decepcionarse por el grado de mafia que existe en toda la sociedad, pero el lado positivo es que es posible, en poco tiempo, llevar a cabo una investigación de manera científica y certera, es cuestión de voluntad política», señala.
Luego de la conferencia de prensa que ofreciera Carlos Castresana, donde señaló a varios involucrados en la campaña de desprestigio, Francisco Beltranena, analista político quien es también sindicado asegura que no está implicado.
Beltranena, reiteró que «jamás en la vida he participado en un complot, porque creo en las instituciones», además señala que incluso no conoce a los hermanos Francisco y Estuardo Valdés Paiz.
El analista político destacó que actualmente está solicitando ser escuchado por Castresana para explicarle que es una casualidad porque en su papel de analista es que tenía relación con los involucrados.
Beltranena figura en una conversación telefónica interceptada al consultor en comunicación que trabajaba para los Valdés Paiz, Rodolfo Ibarra, en la cual hablan sobre el proceso de elección del Fiscal General y las declaraciones de Castresana sobre el proceso.
Sin embargo, Beltranena dice que como cualquier guatemalteco estaba preocupado por la elección.