Centralismo, falta acuciante de recursos, competencias poco definidas, son algunos de los problemas más acuciantes que enfrentan los municipios de Centroamérica y República Dominicana, según un estudio sobre sus finanzas.
Pese a ser el principal actor sobre el terreno a la hora de brindar a las comunidades los bienes y servicios públicos que éstas necesitan, ningún país del área se destaca por darle a los gobiernos locales las herramientas para que lleven a cabo su cometido, asegura el «Estudio comparativo sobre las finanzas municipales para el desarrollo local en Centroamérica y República Dominicana».
Para empezar, los gobiernos locales en Centroamérica disponen de una «participación reducida en el gasto del presupuesto total del Estado».
Según la española Mercedes Peñas, directora ejecutiva de la Fundación de Municipios Centroamericanos, institución que realizó el estudio, los municipios centroamericanos disponen de 43 dólares para invertir por habitante.
«Uno siente que el gobierno local no resuelve los problemas porque nunca puede resolverlos si tiene 43 dólares por habitante para invertir. ¿Qué institución puede resolver problemas teniendo solamente 43 dólares por persona?» se pregunta.
En casos como Guatemala, las transferencias del presupuesto nacional se elevan a 10% o a 4% en Honduras, pero en países como Costa Rica o Panamá, los municipios no reciben nada.
Los países centroamericanos tienen un índice de descentralización fiscal que oscila entre 8,59% en El Salvador y 3,73% en Costa Rica, frente a países como Holanda o Luxemburgo que cuentan con 29,9% y 18,7%, respectivamente.
En Nicaragua y en Honduras, por ejemplo, la carga tributaria de los gobiernos locales representa alrededor de 1% de su Producto Interno Bruto, según el estudio que utiliza datos de 2005.
Sólo en Panamá y República Dominicana los gobiernos locales tienen la potestad de establecer sus propios impuestos, aunque los ingresos por este concepto son incluso más bajos que en el resto de la región.
Otro caso que resalta el estudio es el de Nicaragua, donde parte de las transferencias a las municipalidades depende de la eficiencia de los ayuntamientos en recolectar el impuesto de los bienes inmuebles, lo que supone un acicate para mejorar dicha recaudación, según el estudio.
«En ninguno de los países», dice el estudio, «existe una política de Estado que asegure la suficiencia financiera local según las competencias y potestades que les han sido otorgadas a las municipalidades».
Pero, según Peñas, a menudo «no están delimitadas las competencias del gobierno central y del gobierno local», lo que permitiría saber los recursos que se necesitan para llevar a cabo dichas competencias.
«Yo creo que ese análisis todavía falta en la región», sostiene.
El estudio recomienda que se aplique el principio de «subsidiariedad», es decir, la «administración más cercana al ciudadano es la que puede prestar mejor ese servicio».
Ees necesario que los propios ayuntamientos capaciten a su propio personal y mejoren la gestión.
«Existe un déficit muy fuerte en el manejo interno», dice la entrevistada, quien asegura que en la veintena de municipios por país estudiados en la elaboración de este informe «siempre son deficitarios en algún paso del proceso».
«Si se pudiera trabajar en fortalecer la institucionalidad local y que el gobierno central visualizara al gobierno local como parte del Estado y como una correa para mejorar la calidad de vida de los habitantes, dotarles de mejores equipos y mejores capacidades, se podría salir» de la «rueda» en la que están inmersos, agregó Peñas.