Próximamente la Comisión Postuladora de magistrados al Tribunal Supremo Electoral deberá entregar al Congreso la nómina de candidatos. A medida que los dí­as pasan la tensión incrementa y la depuración del listado de 180 juristas se agiliza con secretividad. La sociedad civil tuvo oportunidad para manifestarse, pero pocos lo hicieron.

Desde el viernes pasado hasta ayer la Comisión Postuladora abrió sus puertas en espera de miembros de la sociedad civil que desearan hacer observaciones sobre los candidatos inscritos, sin embargo, sólo tres personas acudieron a la instancia.

El lunes se inició la actividad con la llegada de Helen Mack, representante de la Fundación Myrna Mack, quien solicitó que se vedará el derecho de participación del jurista Rolando Segura Grajeda, quien en el pasado fungió como Magistrado Presidente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones en 2001. La activista argumentó con fundamento en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el aludido «con su actuación jurisdiccional ha demostrado ser cómplice y partí­cipe de la práctica de litigio malicioso, en el ámbito de la administración de justicia penal, habiendo con ello perpetrado grave daño a los más elementales principios del debido proceso y a los más altos valores de la justicia, en la tramitación del caso judicial de Myrna Mack Chang.

Con la denuncia, que fue recibida por Héctor Mamfredo Maldonado integrante de la Comisión Postuladora, se incluyó una serie de documentos donde, además, se consigna que, a criterio de Helen Mack, el candidato no reúne todos los requisitos requeridos por la Comisión Postuladora para optar a una de las más altas magistraturas del paí­s, «dado su deplorable desempeño como magistrado en el caso Mack por fomentar la denegación de justicia; habiendo recibido por ello una condena por la instancia internacional de justicia más importante del continente americano para la protección de los derechos humanos».

Contra reelección

El Frente Nacional de la Dignidad Guatemalteca se pronuncio contra de la reelección de los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral, í“scar Edmundo Bolaños y íngel Alfredo Figueroa, quienes presentaron sus expedientes ante la Comisión de Postulación, según Rubén Escalante, dirigente de dicha organización, porque obra un expediente del Colegio de Abogados en el Ministerio Público que investiga la acusación que pesa sobre los mismos relacionada con el antejuicio 220-2007.

Por otra parte, apunta Escalante, no hay que olvidar que los funcionarios fueron sometidos al escrutinio de la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República «misma que estableció graves faltas y hasta delitos que perseguir y que por componendas polí­ticas dentro de organizaciones partidarias, los Magistrados del TSE y la Corte Suprema de Justicia, el trámite está suspendido», dijo.

Después de la primera vuelta electoral el Frente de la Dignidad presentó una solicitud de antejuicio contra los magistrados titulares y suplentes del TSE por nueve delitos. Con el paso del tiempo se les unió Rigoberta Menchú y otros ex candidatos a puestos de elección popular. «A los magistrados actuales no los queremos ver ni cerca del parque San Sebastián por las anomalí­as que permitieron en la recientes elecciones; a la Comisión de Postulación le pedimos que no elija a personajes oscuros, a ex diputados ni militantes de partidos polí­ticos conocidos que sólo renuncian a su organización cuando se postulan», declaró Escalante.

Procedimiento

Héctor Mamfredo Maldonado, integrante de la comisión, explicó que las impugnaciones serán sometidas a consideración de todos los miembros del ente para tomar una determinación. El titular declaró que como parte de la transparencia con la que se está llevando el proceso de selección se hizo la convocatoria pública para que la sociedad civil realizara sus observaciones. «Vamos a platicar con todos los miembros de la comisión para ver qué aspectos son fundamentales a tomar en cuenta y hacer la pronunciación».

Al final de la tarde de ayer la Contralorí­a General de Cuentas de la Nación hizo llegar hasta la Comisión Postuladora las cartas en donde informan sobre la solvencia de los candidatos. El Ministerio de Trabajo también remitió el informe requerido por el ente para informar si alguno de los aspirantes es dirigente sindical. El Tribunal Supremo Electoral también envió un documento para detallar si alguno de los aspirantes pertenece al Comité Ejecutivo de algún partido polí­tico o comité cí­vico, pues de ser así­, no será posible su inclusión en la nómina de 40 candidatos.

Aunque la Ley no prohí­be que los candidatos estén afiliados a alguna organización polí­tica, los miembros de la Comisión Postuladora tomarán en consideración si los juristas tienen ví­nculos partidistas, advirtió anteriormente el presidente del ente, Estuardo Gálvez, rector de la Universidad de San Carlos.