En medio de escándalos como el de Taracena lanzando cualquier objeto en contra del Presidente del Congreso o los miembros de la bancada LIDER usando megáfonos para entorpecer la labor legislativa, alegando que no les otorgan el uso de la palabra, lo cierto del caso es que, viejos zorros, los diputados poco a poco van agarrando su paso para asegurar que el Poder Legislativo siga siendo lo que ha sido en los últimos años, es decir, un centro de negociación en donde cada voto tiene un precio y cada quien saca ventaja.

Creo que el Gobierno ha logrado avanzar con relativa rapidez en el tema de la reforma fiscal y que los diputados lo terminarán aprobando con mínimas modificaciones porque, al fin de cuentas, planteado así como está es una garantía de que no se va a cerrar el chorro que precisamente es el que sirve para irrigar sus ambiciones. Sin la oposición del empresariado que no ve mayor agravio a sus intereses en la reforma fiscal, la misma tendrá el camino allanado porque ya sabemos que en Guatemala los llamados grupos de presión tienen un papel muy relativo y únicamente el que puede considerarse como “el gran poder de Dios”, tiene abiertas las puertas de los medios masivos para influir y generar reacciones significativas entre la población.
 
 Pero en ese acomodo de los diputados para ir agarrando su paso, es notorio que el tema de las leyes contra la corrupción no van a correr la misma suerte ni avanzarán con la misma rapidez porque ese tema no es prioritario para nuestros “legítimos representantes”. El enriquecimiento ilícito, bien definido y aplicado, es un tipo de delito que no le conviene a ningún político que sea o aspire ser funcionario público y menos aún a empresarios “decentes” que al hacer negocios con el Estado obtienen beneficios que serían difíciles de justificar en el marco de una legislación bien elaborada.
 
 No digamos las necesarias reformas a nuestro sistema de control asignado constitucionalmente a una Contraloría de Cuentas que es incompetente para realizar las necesarias auditorías que permitan castigar el mal uso de los recursos públicos. Un eficiente sistema de fiscalización significaría que cualquier empresita constructora de los diputados, de las que usan para el listado geográfico de obras, no sólo tendría que ajustar sus precios sino hacer buenas construcciones, y con ello las cuentas del gran capitán que son las cuentas de la corrupción, ya no les cuadrarían.
 
 No me cabe duda que hay diputados, aunque se cuenten con los dedos de una mano y todavía sobren dedos, que llegan al Congreso con la intención de ejercer la función legislativa en representación de los intereses legítimos del Pueblo, pero jamás juntarán votos suficientes ni para aprobar en una comisión una iniciativa de ley que tenga justamente ese espíritu. En cambio, son aplanadora los que van al Congreso a recuperar su inversión de la campaña electoral, a asegurarse no sólo un jugoso sueldo sino los “complementos” que son los verdaderamente atractivos y justifican el haber metido fuertes sumas de dinero al financiamiento de las campañas.
 
 El cambio, ofrecido y reiterado por Pérez Molina en campaña y al tomar posesión, tiene un valladar imposible de salvar y es el comportamiento de nuestro Poder Legislativo. Los diputados arrancaron con cierta cautela, salvo los más burdos y descarados, para medir cómo se oteaba el horizonte. Pero a estas alturas ya se tienen que haber dado cuenta que nada ha cambiado, que las reglas de juego siguen incólumes y que la función legislativa es jauja en ese recinto que el mismo Colom, como buen marchante, llegó a definir como un sucio mercado.