Cuando empezó la campaña polí­tica el debate se centró, como siempre, en las personalidades de los candidatos a la Presidencia de la República y la gente que les rodeaba. Nuevamente se daba la sensación de que el futuro del paí­s dependí­a de la decisión que tomáramos los ciudadanos el dí­a de las elecciones y cuando uno leí­a y repasaba los argumentos tení­a que terminar convencido de que para la opinión pública el problema de Guatemala era básicamente la calidad de los gobernantes.

Desde el principio cuestioné ese punto de vista y sostuve que el problema de Guatemala no era quién resultara electo, sino la existencia de un sistema perverso en el que llegara quien llegara, iba a hacer exactamente lo mismo que han hecho todos los que han logrado ganar una elección, es decir, poner al paí­s al servicio de sus financistas, de los poderes fácticos que saben perfectamente cómo utilizar las debilidades de nuestra clase polí­tica para garantizarse sus privilegios y beneficios. Para extender la práctica de la corrupción porque en Guatemala todo negocio público está amañado y nadie hace dinero sin ser parte del juego. Y cuando digo nadie estoy seguro de afirmar una verdad porque cualquier trinquete que se traduce en sobrevaloración de obras o de bienes, forma parte de un sistema establecido en el que con cada gobierno cambian los actores y beneficiarios principales, pero no las reglas de juego.

He dicho que el modelo polí­tico del paí­s está agotado y que se encuentra en condición terminal porque no tiene visos de solución debido a que cualquier cambio tiene que pasar, por mandato constitucional, por nuestro Congreso de la República que es la máxima representación nacional, pero representación de la perversión del modelo, porque allí­ se produce esa compraventa de votos que acaba de descubrir nuestro pobre Presidente cuando dijo que el Congreso es un mercado. Por supuesto que allí­ nunca se aprobará una reforma que signifique terminar con el privilegio de los diputados para sacar raja de sus votos a cambio de comisiones en las obras o contrataciones del Estado.

Ahora hablan de las alianzas público privadas como la solución a los trinquetes de las ONG, pero no dicen que las empresas reconocidas han sido parte del juego de los negocios. ¿Cree usted que fue casualidad que una de las principales y más reconocidas constructoras pusiera a su representante legal de viceministro en este gobierno para que se encargara de agilizar los pagos? Aquí­ no hay que andar engañando a nadie con vestiditos de primera comunión. En eso de las alianzas público privadas se armó un consejo en el que literalmente se puso a Drácula a cuidar el banco de sangre y se quieren amarrar los chuchos con longanizas, pero eso sí­ con la diferencia de que no serán constructores chorreados los que se lleven el dinero del Estado en obras maltrechas, sino que lo harán las empresas de postí­n que nunca le han tenido asco a los arreglos bajo la mesa.

Hoy, al finalizar la campaña, veo sin embargo que hay mucha más conciencia de que el problema es el sistema y que urge plantear su modificación. Veo que, como nunca, se habla de que el modelo está agotado y que la elección no resolverá el problema porque se admite que, llegue quien llegue, el sistema lo terminará copando y triturando, como le ha pasado a todos los que recibieron algún dí­a la banda presidencial. Todos ellos quisieron trascender, quisieron en su fuero interno pasar a la historia por ejercer un poder que permitiera a Guatemala dar un salto hacia el desarrollo. Pero se quedaron en simples agentes de negocios porque ese es el papel que les asigna un sistema que ha fallado y que algún dí­a tendremos que cambiar.