Garantizar la protección de defensores de derechos humanos y la búsqueda de justicia de los crí­menes cometidos en el pasado, es la solicitud que la organización internacional Human Rights First solicitó al presidente de la república, ílvaro Colom.

«El Estado guatemalteco es responsable por los ataques en contra de defensores de derechos humanos, dado a su fracaso en investigar y procesar a quienes cometen estos crí­menes», señala el comunicado que la institución, con sede en Washington y Nueva York, hizo llegar al mandatario guatemalteco

Según los datos que organizaciones sociales manejan en el tema, en los seis primeros meses de 2007 se registró un repunte en los casos de agresiones dirigidas a activistas sociales, llegando a 22 ataques mensuales, según Claudia Samayoa, del Movimiento Nacional de Defensores de Derechos Humanos. La activista señala que en los últimos cinco meses del mismo año se redujeron a nueveagresiones mensuales.

Sin embargo ninguno de los ataques ha logrado condenas, lo cual en opinión de los activistas evidencia el nivel de impunidad que impera en el sistema nacional, efecto que estimula la continuación de la violencia en el paí­s.

En el documento que Human Rights ha hecho circular recuerda el informe presentado por Philip Alston, Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales Sumarias o Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el cual fue presentado posterior a la visita que realizara a Guatemala.

Según Alston «las amenazas de muerte, el miedo a las ejecuciones extrajudiciales inminentes y los asesinatos de defensores de los derechos humanos son de una frecuencia alarmante», refiriendo que desde el año 2000 hasta mediados de agosto de 2006 fueron asesinados 64 activistas.

Razón por la que la organización internacional solicita al gobierno de Colom priorizar las investigaciones y amenazas dirigidas a defensores de derechos humanos con el fin de combatir la impunidad y disuadir esta clase de delitos.

El documento señala además las violaciones graves que se suscitaron en el paí­s durante el conflicto armado interno, citando que las estimaciones refieren que más de 200 mil guatemaltecos perdieron la vida y hasta el momento no se ha castigado a los autores materiales e intelectuales de esas violaciones. El informe solicita además la cooperación y participación del Estado con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para combatir las estructuras clandestinas infiltradas en el Gobierno.