América Latina se aproxima a una época de récords en inversiones mineras -a pesar de que muchos proyectos se detuvieron por la crisis- y se ha convertido en la región donde mayor inversión en exploración se hace, un 25% del total mundial, según analistas.
El especialista minero chileno Felipe Larraín, quien participa junto a otros expertos en la Convención Minera que se desarrolla en Arequipa (sur), señaló que para la minería latinoamericana su gran filón se encuentra en los mercados de China e India.
«Lo que ocurre en China sorprende. En el primer semestre de 2009 desaceleró su crecimiento pero luego se recuperó. La economía china, junto a la de India, es clave para países exportadores de materias primas como el nuestro y en particular en la minería».
Investigador del sector minero, en particular de la relación entre empresas y comunidades, el peruano José Echave dijo que «con la crisis (financiera) hay algunos proyectos que se han retrasado, lo mismo que las exploraciones».
«Sin embargo la crisis no fue como hace diez años cuando la crisis asiática bajó los minerales al suelo y por ello la recuperación será rápida», explicó.
Echave señaló que «a partir de 2003 la exploración minera comenzó a incrementarse de manera dramática en América Latina. En 2003 las inversiones de exploración eran el 10% del total mundial, mientras que en el periodo 2004-2008 subieron al 25%», lo que corresponde en 2008 a unos 29 mil millones de dólares.
En Perú los directivos mineros destacan la importancia de un modelo que garantice la seguridad jurídica de las inversiones, pero Echave hizo notar que en minería el signo político no importa.
«América Latina políticamente ha cambiado con países como Perú y Colombia que insisten en el modelo neoliberal, pero si uno ve países que critican este modelo y que se declaran socialistas, el asunto de la minería no se trata de manera muy diferente», señaló.
«Es interesante que en Ecuador, el presidente Rafael Correa hace una cerrada defensa de la minería a pesar de que afecta seriamente a los indígenas», dijo el investigador.
En enero pasado Correa firmó la ley minera y criticó a quienes se oponían a ella señalando que el mayor peligro para su proyecto político era «el izquierdismo y el ecologismo infantil».
«En Bolivia la minería, que es impulsada por el presidente Evo Morales, afecta seriamente a los indígenas, y en Argentina la presidenta Cristina Kirchner vetó una ley aprobada por el Congreso para proteger unos glaciares en la frontera con Chile que serán afectados por el proyecto aurífero Pascua Lama, de la Barrick Gold», indicó Echave.
Eduardo Chaparro, oficial de la División de Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), destacó la rapidez de recuperación del sector minero.
«La minería perdió con la crisis pero menos que otros sectores y la tendencia es que se seguirá explorando a pesar de los problemas de financiamiento», dijo el experto.
Según el director del chileno Centro de Estudios del Cobre y la Minería, Juan Carlos Guajardo, en términos de inversión minera, lo más importante ahora será la nutrida participación china, con inversiones agresivas en todo el mundo, incluyendo América Latina.
Hay una estrategia china «de destinar parte de los 2 billones de dólares de reservas a inversión en empresas de recursos naturales en lugar de bonos del tesoro de Estados Unidos que habían sido prioridad hasta ahora», dijo.
«China ha decidido asegurar su abastecimiento de materias primas en los próximos años aprovechando esta crisis para adquirir empresas a bajo costo», agregó.
Oficiales en los tres principales países mineros en América Latina calculan que la inversión minera en México superará los 20 mil millones de dólares en los próximos 6 años. En Chile el gobierno cifra en 22 mil millones de dólares la inversión minera para el mismo periodo.
En Perú mientras tanto, 32 proyectos mineros nuevos inyectarán cerca de 25 mil millones de dólares de acá a 2016.
Los empresarios mineros, que empiezan a ver la crisis como algo que está quedando atrás y anuncian un boom de inversión sin precedentes hasta 2016 en Perú, deben mejorar las relaciones con las comunidades, cada vez más atentas a sus derechos y a participar de la riqueza.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Hans Flury, señala un futuro halagí¼eño, al mencionar 32 nuevos proyectos de acá a 2016 por un valor que se acerca a los 25 mil millones de dólares, especialmente en el cobre.
Como comparación en los últimos 15 años (1993-2008) la inversión en minería en Perú fue de 16 mil millones de dólares, con exportaciones que pasaron de 1.500 millones en 1993 a 4.600 millones en 2003 y a 18.600 millones en 2008.
Flury mostró su preocupación de que sean boicoteados los proyectos en el sur, la región más pobre de Perú, dominada políticamente por el nacionalismo del opositor Ollanta Humala, que se opone férreamente al liberalismo a ultranza del presidente Alan García.
Las dificultades en la relación entre las mineras y las comunidades donde se emplazan los proyectos han ido aumentando a medida que crece la riqueza.
Como símbolo de esta situación, mientras se desarrolla en esta ciudad del sur de Perú la Convención Minera, que atrae a los grandes industriales del sector, a unas pocas cuadras, varias ONG organizan una contra-convención de afectados por la minería.
La percepción de que el gobierno se pone del lado de las mineras y que éstas se llevan todas las ganancias no hace sino envenenar la relación con la comunidad.
Una percepción injusta, según Flury, quien dice que en los últimos tres años las mineras pagaron unos 8 mil millones de dólares en impuestos de renta y más de 400 millones en regalías.
El presidente de la Comisión Organizadora de la Convención, Félix Navarro Grau, considera que «en muchas zonas alejadas, la falta del gobierno es clamorosa, entonces lo que debemos buscar es la inclusión de estos sectores que muchas veces se encuentran postergados».
Mientras tanto el ex legislador Carlos Sotomarino dice que «no me extrañaría que en el futuro las comunidades se conviertan en socios minoritarios de las empresas mineras. Como esquema esto puede funcionar».
Pablo de la Flor, alto ejecutivo de la minera Antamina, señala que «la discusión ya no es si debemos tener programas de responsabilidad empresarial sino cómo aplicarlos».
«El reto es pasar del enfoque de la filantropía al desarrollo sostenible. Hay una percepción de que las empresas mineras responden a una visión de corto plazo o a demandas puntuales de la comunidad que a estrategias», sostiene.
El ejecutivo señala falencia en las comunidades: «lo ocurrido en los últimos años es revelador. El principal problema no ha sido la falta de recursos para impulsar programas de desarrollo sino la falta de capacidad de las regiones para impulsar esos programas».
La Red Muqui, una ONG que vela por los derechos de las comunidades frente a las mineras, señala que «los conflictos sociales nos hablan de una expansión de las industrias extractivas que no toma en cuenta los derechos y las aspiraciones de poblaciones que se encuentran en las zonas de influencia de los proyectos de inversión».
«Este crecimiento también plantea disputas por recursos escasos, como el agua, la tierra, temas de contaminación, que generalmente se niegan o se minimizan», señala.
Un informe de mayo pasado de la ONG Oxfam consigna que los proyectos mineros tienen «oposición especialmente notoria entre comunidades campesinas de la región andina, grupos que exhiben altos niveles de pobreza y para los cuales es crucial la relación con los recursos naturales dentro de sus territorios».
Debido a la actividad minera, según Oxfam, «se calcula que 250 comunidades campesinas se encuentran directamente afectadas, y si se consideran las actividades de exploración el número se eleva a 3.200 (sobre un total de 5.260 comunidades que existen en el país)».