Ante la ola de criminalidad, sobre todo la que se refiere a robos y extorsiones, las fuerzas de seguridad, en especial la Policí­a Nacional Civil (PNC), insisten en que están con las manos atadas para obtener resultados, si la población no se decide a denunciar.

Este divorcio entre la población y sus autoridades de seguridad -en la que se evidencia la falta de confianza hacia las fuerzas del orden-, aumenta con la poca facilidad que existe para realizar una denuncia.

Una visita a diferentes instancias de recepción de denuncias, dejan en entredicho la solicitud de las autoridades para que la población se acerque. Asimismo, las caras visibles de las instituciones: fiscales, agentes policiales, jueces de paz, etc., tampoco se muestran amables ni buscan acercamientos entre la población.