Durante los últimos días, las opiniones y expresiones sobre la posible intervención de la SAT han sido variadas, especialmente desde la Presidencia, en donde se ha encontrado un tema al cual se le puede sacar mucha desinformación. No es posible creer los errores tan notorios en los análisis estratégicos y jurídicos del Presidente, lo que apunta a pensar que no es más que una cortina de humo; la pregunta debiera ser: ¿cuál es la noticia que se desea evadir o desorientar?

Las diversas opiniones de juristas, ex magistrados constitucionales y tanques de pensamiento jurídico/social del país han manifestado ya en suficiencia, las razones por las que el Presidente no debiera ni siquiera intentar tomar por la fuerza (intervención) la SAT.  Los vicios del procedimiento, además de ser ilegales e inconstitucionales, dejarían a toda una organización como la SAT, con más de 3,500 empleados, con un indescifrable mecanismo de coordinación, lo que ha tomado muchos años alcanzar, para bien o para mal, en una gestión de recaudo del erario público que quizá no es la mejor, pero es la única que tenemos.  Atreverse a manipular este sistema, además de riesgoso, es delicado, porque atenta contra la propia institucionalidad del Estado, dejando en una sola mano, con directa relación al Presidente, todas las decisiones para fiscalizar, recaudar y enjuiciar a los contribuyentes, haciéndolo subjetivo, discrecional y poco transparente.

Pero no deben confundirse las opiniones y críticas del procedimiento, con el hecho que el sistema de recaudo, tanto de impuestos internos como externos, requiere de un cambio. Este cambio es indispensable para sanear vicios y corrupción que son cada vez más latentes, especialmente en las aduanas del país.  Por ello, el Presidente no debiera desistir de sus intenciones de modificar el sistema, pero de forma legal. Ya dio pasos correctos hace algún tiempo, con la propuesta de modificación a la Ley de la SAT, en donde pudiera incorporarse nuevos elementos para el combate al contrabando, fortaleciendo su institucionalidad y dotándole de herramientas propias para una efectiva fiscalización, además de obligarle a coordinar con otras instituciones civiles del Estado. El cambio del Directorio, por ejemplo, es otra buena propuesta hecha en esa iniciativa de ley, pues no es posible que quienes dirijan cualquier puesto público, lo hagan “ad perpetuam”.  Otro cambio importante hubiera sido, hace tiempo, pedirle la renuncia al que se considera el peor Ministro de Finanzas Públicas que ha tenido el país.

Pero no sólo el análisis legal cuenta en este proceso. No se entiende la razón por la que el Presidente anuncia la supuesta intervención, con tanta anticipación a realizarla.  Se cuestiona su sentido de estrategia, tanto política como operativa, puesto que en primera instancia los opositores políticos arremetieron contra la decisión, sin ni siquiera analizarla debidamente, o en su caso proponer mejores alternativas, como pudiera ser coadyuvar a la reforma de la Ley, mejorándola y haciéndola un decisivo producto de la negociación política favorable al país.  Y como estrategia operativa, igualmente equivocada, al anunciar al ejército como equipo de choque para llegar a  “tomar” las aduanas.  Esos hechos, no sólo encendieron las luces de los grupos sociales que han denunciado y criticado la militarización del gobierno, sino además, por lo anticipado del anuncio, le dieron el aviso correspondiente a los criminales responsables de la corrupción, quienes estarán en este momento, con intervención o sin ella, preparándose para librar una batalla frontal, y escondiendo evidencias que pudieran posteriormente incriminarlos.

Quizá hubiera sido mejor, incorporar un equipo élite de alto nivel, encabezados por el nuevo Comisionado de la CICIG, conjuntamente con el Ministerio Público, Organismo Judicial, las fuerzas públicas civiles del Estado, el Superintendente (asumiendo que es de la confianza del gobierno), y encarar, sin aviso previo y sin esperar pataletas políticas, acciones de orden público, legalmente establecidas y con la valentía de encerrar a los criminales. Poca inteligencia estratégica, mala asesoría jurídica y como resultado, enfrentamientos, críticas y nuevos conflictos, de los que Guatemala ya tiene más de los que necesitamos.