Vecinos de Palín y San Raymundo acudieron al Congreso para exigir que se frene el proyecto de energía eléctrica. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente solo lo frenará en caso exista alguna falta.

Desde que la Empresa Transportadora de Energía de Centroamérica (Trecsa) llegó a Palín, Escuintla; Santiago, Sacatepéquez  y San Raymundo para construir torres de transmisión, los vecinos no están tranquilos por lo que piden que se retiren del lugar.

Con pancartas en mano, varios pobladores aprovecharon la citación de la Ministra de Ambiente para hacer ver su oposición a los proyectos de subestación eléctrica. La reunión concluyó sin mayores resultados ya que el proyecto sigue en pie, solo mencionó el proceso de información que mantendrán con los inconformes.

“El proceso de participación pública es un proceso de información donde se abre un canal de comunicación tanto con la empresa y los pobladores, con ello recibiremos información y se inicia un proceso de verificación. En el momento que miremos una infracción a los compromisos y medidas de mitigación se iniciará el proceso para sancionar con las suspensión” declaró la Ministra de Ambiente, Roxana Sobenes.

Esa respuesta no convenció a los pobladores, quienes aseguran que la empresa nunca intentó acercarse con la población y su presencia fue de la noche a la mañana “La empresa Trecsa ha entrado a nuestra población a pintar palos y ya están haciendo esto sin consultar a la población, lamentablemente las autoridades se prestan a firmar acuerdos sin estar previniendo la salud. No les importó que hubiera un área protegida y por eso pedimos que nos unamos para rechazar a estas empresas extranjeras” denunció  María Luisa Vicente, vecina de Palín.

Los inconformes mostraron fotografías de terrenos desolados y del avance de la obra.  El descontento es tal, que no descartan que  se convierta en  un detonante social “Nosotros vamos a ponernos de acuerdo con todas las organizaciones para frenar a esa empresa, las enfermedades que trae son cánceres, tumores, cómo es posible que solo firmen a espaldas del pueblo” relató Vicente. El proyecto se encuentra en el lugar desde el 2010.

DENUNCIA PÚBLICA
Al mismo tiempo que la funcionaria respondía los cuestionamientos del diputado Juan Carlos Rivera. Algunos pobladores acompañados de diputados de líder hicieron una denuncia pública para rechazar la presencia de la empresa.

El diputado Nery Rodas señaló que la empresa no cumplió con darle participación a la población para que se autorizara el proyecto. Además de incumplir con el artículo 73 del decreto 431-2007 donde señala que “El Ministerio de Ambiente propiciará la participación pública durante el proceso de evaluación, control y seguimiento ambiental en las fases de elaboración y evaluación de los instrumentos” señaló el congresista.

Otro de los argumentos de la agrupación es que el terreno con más extensión es un lote ubicado en Sololá considerada  área protegida “Conap y el Ministerio de Ambiente autorizaron que pasara por áreas protegidas cuando se sabe que está prohibido. No tenían autorización municipal y no tenían autorización de dueños de tierra particular. La gran mayoría se ha opuesto a la construcción de este proyecto, tales como Tactic, Santa María Nebaj y los 48 cantones de Totonicapán” reza el comunicado.

Los pobladores no descartaron emprender medidas de hecho para que el proyecto quede sin efecto.