Con la consigna sí a la vida no a la minería, pobladores de Jalapa y Santa Rosa, manifestaron frente a la Embajada de Canadá para mostrar su rechazo a las industrias mineras canadienses que operan en Guatemala, con motivo de la visita al país del gobernador de Canadá David Johnston.

Rafael Maldonado del Centro de Acción Legal-Ambiental (Calas), indico que con esta acción se le entregara un manifiesto al Gobernador de dicho país para que tenga conocimiento que la población guatemalteca no quiere empresas mineras canadienses, ya que «solo han generado, desestabilidad y el rompimiento del tejido social. Invaden la paz de las comunidades violentando derechos fundamentales de la población».

Maldonado índico que este plantón es muestra de que las comunidades rechazan rotundamente la actividad de las industrias mineras en general, pero en especial a las mineras canadienses, de las cuales al menos dos que operan en el país ya han sido denunciadas ante el Ministerio Publico por los delitos de contaminación industrial.

Dijo que el manifiesto entregado esta mañana es para que el Gobierno de Canadá tome medidas en este tema, ya que “la legislación canadiense dice que el Gobierno puede intervenir en las actuaciones de las empresas que operan fuera de su país y por lo tanto queremos que se dé ese procedimiento”.

Según Maldonado en la manifestación se encontraban más de 450 pobladores que han sido afectados por los proyectos mineros; San Rafael Las Flores, Casillas, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa de Lima, en el plantón participaron representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes).

El activista dijo que previo a esta manifestación se había solicitado una audiencia con el Gobernado de Canadá quien se encuentra de visita en Guatemala, pero se negaron a atenderlos aduciendo que la agenda de Johnston se encontraba llena y que no podría atender a los pobladores.

Maldonado señalo que en el caso de la Mina San Rafael no cuenta con licencia de explotación, pero que ilegalmente ha construido túneles de explotación bajo el “amañamiento” de los ministerios de Ambiente y Energía y Minas por lo que interpondrán acciones legales en contra de los funcionarios que resulten responsables por haber autorizado esa construcción bajo una licencia de exploración.

La denuncia estará dirigida en a los funcionarios de alto nivel de cada ministerio.