La debilidad de la Policía Nacional Civil (PNC) no solo se manifiesta en el reducido número de agentes y su escaso equipamiento, sino también en la falta de infraestructura propia, lo que le obliga a rentar edificios para poder operar.
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Analistas creen que la dependencia al alquiler de edificios privados es una de las facetas más claras de la precaria situación de la institución y consideran que esa falencia es aprovechada por algunos como un “negocio”.
Un informe de la PNC, al cual tuvo acceso La Hora, deja ver que la institución no cuenta con suficientes edificios para poder funcionar, y por ende, las autoridades se ven obligadas a alquilar 244 inmuebles en distintos puntos del país.
Esto representa una erogación mensual de un millón 495 mil 193 quetzales con 54 centavos, que al finalizar este año representarán, en total, cerca de 18 millones de quetzales.
Las rentas de cada inmueble varían de acuerdo con las dimensiones del edificio, la ubicación, las condiciones contractuales del arrendatario y el uso que le dé la PNC, de tal manera que el costo es distinto en cada caso.
Por ejemplo, el edificio de la Inspectoría General y el Hospital de la PNC –ambos ubicados en la zona 1 capitalina– representan alquileres mensuales de Q112 mil y Q125 mil, respectivamente.
El edificio de la Subestación 12-24 –ubicada en la colonia Sabana Arriba, zona 17 capitalina– le cuesta a la Policía mil 300 quetzales mensuales y la Caseta de Transmisiones –en la aldea Soledad Grande, Mataquescuintla, Jalapa– representa un gasto mensual de mil 008 quetzales.
En medio de esos extremos se encuentra la mayoría de instalaciones; la Sede del Personal de Monitoreo División 110 cuesta Q28 mil y la Unidad Transnacional de Antipandillas se valúa en Q18 mil 194.30.
¿CÓMO AFECTA?
Carmen Rosa de León, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, considera que la falta de infraestructura propia es una debilidad en la PNC desde su creación y señala que esta carencia afecta las capacidades y la cobertura de la institución.
“El hecho de estar alquilando imposibilita mejorar la infraestructura de los edificios, porque son propiedades privadas, con lo que es muy difícil invertir”, señala la experta, quien refiere que esa circunstancia incide directamente sobre las capacidades de operación de los agentes y sus superiores.
Verónica Godoy, analista de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública, coincide con De León, pues cree que hay una relación directa entre las carencias inmobiliarias de la PNC y los resultados en materia de seguridad.
Godoy señala que muchas veces se utilizan casas o bodegas para albergar a los cuerpos de Policía, y por eso su situación puede ser incómoda, inadecuada o incluso, inconveniente para el ejercicio de sus funciones. “La Policía y sus necesidades van creciendo, pero no así la infraestructura”, refiere
También señala que se trata de un tema que necesita más atención de las autoridades, pues muchas veces “se viene a convertir a un negocio con intereses particulares que beneficia a algunos”.
Por consecuencia, De León apunta a que “es necesaria la búsqueda de establecimientos nacionales, que pueden ser donados por las gobernaciones departamentales o bien, las instalaciones que al Ejército le sobran”.
SERÍA “IDEAL”
Guillermo Melgar, portavoz del Ministerio de Gobernación, indica que la falta de infraestructura propia es un tema que puede afectar las finanzas del Ministerio (de Gobernación)” y señala que lo ideal es que “hubiera un patrimonio propio”.
A diferencia de las expertas, Melgar considera que no hay relación entre la falta de inmuebles de la PNC y la efectividad de la institución: En este momento, en el cual coyunturalmente se ha observado una mayor oferta en el delito, no creo que se vaya a solucionar el problema si se cuenta (…) con infraestructura propia”.
De León, al respecto, enfatiza que si se contara con edificios propios, la PNC podría destinar los recursos de los alquileres a inversiones cualitativas sobre los edificios y el ambiente donde “viven” los policías, así como a su preparación y dignificación.
Melgar dice que se trabaja en un plan para analizar la situación y lo ideal es que “se pueda hacer un inventario de todos los bienes con los que cuenta el Estado y destinar algunos de los mismos para sedes” de la Policía. “Todo es asunto presupuestario”, concluyó.